Modernizar la firma electrónica: lo popular versus lo populista

Jorge Hermann

La firma electrónica tiene un rol importante en el desarrollo de la economía digital. La propagación de la autentificación electrónica busca impulsar el comercio y el gobierno electrónico, junto con desburocratizar la relación jurídica entre privados.

Los países desarrollados utilizan la firma electrónica para proteger los sistemas de información (empresa y persona) en la promoción de los medios digitales. Por ejemplo, la tarjeta electrónica de identidad es utilizada popularmente en Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia y Suecia, entre otros.

No obstante, nuestro país está bastante rezagado en el uso de la firma electrónica (Ley N°19.799), donde alrededor de 50.000 usuarios poseen firma electrónica del tipo avanzada, el costo promedio es $ 40.000 y existen 5 entidades acreditadoras.

Dado esto, el Ministerio de Economía del gobierno anterior envió un proyecto de ley que moderniza la firma electrónica (boletín 8466-07) para incentivar y facilitar su uso por parte de la población, es decir popularizarla.

El objetivo del proyecto es incorporar nuevos principios y definiciones, ampliar el ámbito de aplicación a nuevos tipos de actos jurídicos, solucionar problemas que dificultan la presentación de los documentos electrónicos en juicios, regular la existencia del sellado de tiempo, perfeccionar su uso dentro de los organismos del Estado, robustecer el rol de la Entidad Acreditadora, y reforzar los derechos y obligaciones de los usuarios.

Por ejemplo, el proyecto de ley permitiría utilizar la firma electrónica en los pagarés, la compra de vehículos, los poderes, las declaraciones juradas y todo tipo de documentos entre privados (contrato de arriendo, prestaciones, etc.). Así, un documento puede ser firmado al mismo tiempo por una persona que está en Arica y otra en Punta Arenas. El principal beneficio para la población es el ahorro de costo y tiempo en la gestión documental, fomento de la economía digital y fortalecimiento de la seguridad jurídica.

A pesar de su relevancia, hoy el proyecto de ley duerme placenteramente en el Congreso en último trámite legislativo (segundo trámite constitucional, Cámara de Diputados, Comisión de Hacienda desde el 6 de marzo de 2014). Es decir, el proyecto necesita tan solo un pequeño empujón con decisión por parte del actual gobierno para que sea ley.

El reimpulso de la modernización de la firma electrónica podría ser una buena señal de la promoción de políticas públicas populares y, a su vez, olvidar las populistas -basadas en diagnósticos errados- tales como reforma del Sernac, laboral, obligación de repactación crediticia de los pensionados en las Cajas de Compensación y gratuidad de estacionamientos en los centros comerciales.

Lo que Chile necesita es un liderazgo vigoroso en iniciativas gubernamentales populares y no populistas, que promuevan la libertad económica y un clima de negocios estable en el país.