El impulso a la productividad del Poder Judicial

Jorge Hermann

En pleno año de la productividad 2016, a mediados de junio entró en vigencia la Ley 20.886 que busca digitalizar la tramitación de los procesos judiciales para dejar atrás aquellos donde primaba el papel. El Poder Judicial de forma discreta comenzó unos de los trabajos más importantes de modernización, eficiencia y transparencia de la justicia desde su fundación en 1823.

La modernización del Poder Judicial consiste en una ley general de tramitación electrónica, aplicable a los procedimientos civil, penal, laboral y de familia; así como a la jerarquía de tribunales Ordinarios, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. La iniciativa sustituye el soporte que sustenta y registra el procedimiento judicial, sin alterar las actuaciones que son propias de la tramitación civil. Además, éste es un avance definitivo en la digitalización del expediente, lo que ya es una obligación en los reformados tribunales penales, laborales y de familia.

En particular, la ley permite el uso electrónico para: i) formar la carpeta electrónica (escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones); ii) conformar patrocinio y poder; iii) notificar expeditamente; iv) registrar fidedignamente las actuaciones de los receptores; v) posibilitar comunicación rápida con otros tribunales e instituciones públicas; vi) obtener copias autorizadas con firma electrónica y sello de autenticidad; vii) impulsar el uso de la firma electrónica avanzada por parte del juez que no hará necesaria la autorización o firma de un ministro de fe, disminuyendo la carga de trabajo del secretario del tribunal.

Por ejemplo, el trámite de papel de una demanda en la Corte de Apelaciones demora entre siete y diez días (ingreso, trabajo administrativo, autorización poderes de abogados, firma de resolución, coserse al expediente y pasar al mesón). En cambio, la tramitación digital debería demorar la mitad de tiempo porque la demanda estará en el tribunal competente el mismo día y se podrá dictar la primera resolución sobre la causa a más tardar al cuarto día.

Por otra parte, el gobierno -Ministerio de Economía- está al debe en la modernización de la firma electrónica que incentiva y facilita su uso por parte de la población, la que está estancada en último trámite legislativo en el Congreso (boletín 8466-07) y es parte de la desteñida agenda de productividad. A su vez, el Ejecutivo aún sigue dilatando la reforma a la Ley de Datos Personales, que regula la obtención, almacenamiento y procesamiento de la información personal. Es importante avanzar en ambas iniciativas porque son un complemento para fortalecer la modernización del Poder Judicial.

En síntesis, es evidente que no sólo el gobierno y el sector privado aportan con mejoras de productividad, sino que también el Poder Judicial lo está haciendo por medio del expediente electrónico. Una justicia moderna y eficiente con una resolución expedita de conflictos en la sociedad es un impulso a la productividad de la economía, sin lugar a dudas.