El enredo previsional del gobierno

Jorge Hermann

El debate previsional que busca aumentar las pensiones se enredó después de que la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, señalara desafiantemente que el 5% de cotización adicional será administrado por un ente público y que ni un peso más irá a las AFP. Frente a esto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, puso paños fríos, señalando que aún restan conversaciones en la mesa técnica con los partidos políticos. Este tipo de incordio es habitual que suceda en cualquier gobierno cuando se enfrentan las pretensiones políticas con las técnicas.

Lo que sucede es que, después de cinco meses de reuniones de la mesa técnica, la ministra del Trabajo busca que la solución del gobierno se apresure lo más posible para que la reforma previsional sea el centro del debate presidencial, dado que las menores tasas de reemplazo (ratio pensión sobre último ingreso) se dan en la clase media, electorado potencial de la Democracia Cristiana. Por otra parte, el ministro de Hacienda busca una solución técnica adecuada y consensuada para no cometer los mismos errores de su singular predecesor en las reformas tributaria y laboral.

El diagnóstico del ministro de Hacienda es correcto. En Icare a fines de marzo, Valdés mostró que la tasa de reemplazo de la mujer es un 29% versus un 52% en los hombres, junto con que dicha tasa es alrededor de un 30% en los dos últimos quintiles de mayores ingresos de la población (clase media y alta).

No obstante, el enredo está en cómo mejorar las pensiones y, a la vez, mantener el incentivo a trabajar en la formalidad con un mínimo garantizado de pensión que incentive el ahorro.

Las filtraciones de la mesa técnica indican que el 5% de cotización adicional se dividirá en partes iguales, para que una mitad solidaria mejore las pensiones de las mujeres y las pensiones más bajas actuales y futuras, mientras que la otra mitad contributiva iría a las cuentas personales administradas por una entidad distinta a las AFP.

La forma de financiar el 5% no es trivial, ya que corresponde a US$ 4 mil millones. Lo ideal, como lo mencionó el ministro Valdés en Icare, es que la parte solidaria se financie con impuestos y la parte contributiva con cotizaciones personales. Por lo cual, dado el menguado panorama fiscal futuro, parece inevitable que se aumente el impuesto a las personas para financiar la solidaridad previsional por medio de que la clase media, principalmente, y alta paguen más impuestos. Por ejemplo, la tasa de impuesto promedio al ingreso es un 25,5% en la OCDE y en Chile un 7% en el 2015.

Por último, la demagogia de que el Estado administre el 2,5% debe ser revisada para que sea determinada libremente por las personas.

Finalmente, la reforma al sistema de pensiones es un tema de alta sensibilidad política y será el centro del debate presidencial. La Nueva Mayoría no quiere que se dilate en exceso la propuesta del gobierno, porque resulta probable que la solución técnica no cumpla con las expectativas ciudadanas a meses de la elección presidencial.