Atraso en pago a pymes, tema de nunca acabar

Jorge Hermann

Revuelo generó el último Ranking de Pagadores de la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores, que mostró un aumento desde 45 días en 2016 hasta 56 días en el primer trimestre de 2017 en el plazo de pago a las pymes por parte de las grandes empresas.

Las principales causas del atraso son la etapa del ciclo económico en que se ubica el país, la cultura empresarial con una falta de pago intencional común entre las empresas, por ejemplo los países mediterráneos de Europa han presentado históricamente un mayor plazo de pago en relación a los países nórdicos, y cuando un comprador grande con alto poder de negociación impone una extensión del plazo de pago al proveedor pequeño. El efecto sobre la pyme es tener insuficiente capital de trabajo para cubrir la operación del negocio y para pagar las obligaciones financieras de corto plazo, lo que puede desencadenar en la insolvencia de la empresa.

Dado lo anterior, la Comisión Europea estableció la Directiva sobre Pagos Tardíos en 2011 que protege a las pymes en contra del pago atrasado de las grandes empresas y del sector público. En particular, la directiva establece que las empresas deben pagar sus facturas en un plazo de 60 días, el sector público debe pagar hasta los 30 días y se fija un interés moratorio de al menos un 8% sobre la tasa de referencia del Banco Central Europeo.

Tiempo después de aplicada la Directiva, una evaluación regulatoria mostró que un 86% de las empresas conocen su derecho a reclamar y el 60% de los encuestados nunca ejercieron sus derechos, en especial pymes. La principal razón es el temor de perjudicar la relación comercial y la falta de un procedimiento eficaz de reparación. Así, se concluye que la iniciativa no ha mejorado el comportamiento de los pagos.

Por otra parte, en Chile se debate un proyecto de ley en la Comisión de Economía del Senado que establece un plazo máximo de pago de 30 días y de 45 días pactado entre las partes, junto con un interés moratorio igual a la Tasa de Interés Máxima Convencional. Es evidente que su aplicación tendrá los mismos resultados de su par europeo.

Por lo tanto, la solución es la autorregulación y una mayor trasparencia de las empresas. Los gremios empresariales deben crear, incentivar y evaluar un programa de pago a 30 días, similar al deslucido sello ProPyme del Ministerio de Economía, y el gobierno debe revitalizar el programa ChilePaga con un pago máximo de 15 días en el sector público. Además, el Estatuto Pyme debe incorporar la obligación de que las empresas grandes informen sobre las prácticas de pago anualmente.

En síntesis, el atraso en el pago a las pymes es un tema de nunca acabar, que en el actual contexto de descontento social, debe ser solucionado a la brevedad por el sector empresarial y sector público.