Inconsistencia de políticas públicas en I+D

En los países con un buen desempeño en innovación empresarial, el Estado ha cumplido un rol clave en desarrollar y financiar I+D, formación de capital humano y difusión tecnológica que impacta la innovación empresarial. Este fue el enfoque de la primera Estrategia Nacional de Innovación, lanzada en 2007. Sin embargo, las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación no han sido consistentes a lo largo del tiempo.

“Es clave que los programas financiados por el Estado generen capital social que favorezca la innovación empresarial”.

Un estudio reciente publicado por el Ministerio de Ciencia muestra una preocupante evolución del nivel y orientación de la inversión pública en I+D en el último quinquenio, que cae de un magro 0,23% del PIB en 2016 a sólo el 0,19% en 2021. Más preocupante aún es el cambio en la composición de la inversión pública. La investigación para contribuir al “progreso general del conocimiento”, cuyo impacto se mide mediante la publicación de artículos indexados, aumenta entre 2016 y 2021 de un 46% a un 60% del total, en detrimento de la “investigación orientada”, en particular aquella que cofinancia desafíos de productividad y sostenibilidad de sectores productivos. 

Más del 60% de la inversión pública de I+D en el período la realizaron las universidades, que siguen principalmente enfocadas en investigación fundamental con un escaso esfuerzo en el desarrollo de tecnología e innovación. Parte del problema es que, por años, los incentivos que genera el Estado a las universidades han sido contradictorios.  Se ha realizado un esfuerzo por desarrollar un sistema de transferencia tecnológica que vincule la investigación universitaria con las necesidades del sistema productivo. Sin embargo, el financiamiento basal y los sistemas de acreditación ponen un excesivo énfasis en criterios de productividad científica.

Por su parte, el esfuerzo de I+D e innovación del sector empresarial no mejora: del 0,16% al 0,15% del PIB en el quinquenio analizado. Sólo el 16% de las empresas realiza innovación, mientras que el promedio de la OCDE es de 44%. Esto torna aún más importante que los programas financiados por el Estado generen capital social que favorezca la innovación empresarial.  

En las universidades es fundamental fortalecer la investigación multidisciplinaria para abordar los desafíos productivos y societales, con impacto en el desarrollo sostenible del país. El esfuerzo que está realizando el Estado en la definición de desafíos de I+D de alcance nacional y sectorial, promoviendo consorcios entre universidades y empresas, ofrece la oportunidad de aumentar la inversión pública y privada en I+D y restablecer el espacio que deben tener la “investigación orientada” y la colaboración público-privada.