VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteGuzmán y la educación pública
Una lectura de editorial de Jaime Guzmán de 1982 podría dilucidar la continuidad del compromiso ideológico del ministro Lavín y el actual gobierno con la política universitaria del gobierno militar.
Una lectura de editorial de Jaime Guzmán de 1982 podría dilucidar la continuidad del compromiso ideológico del ministro Lavín y el actual gobierno con la política universitaria del gobierno militar.
En un editorial de Realidad 32, Guzmán celebra la reforma educacional de 1981 que permitió crear universidades privadas y establecer un nuevo esquema de financiamiento estatal. Con excepcional claridad, justifica sus bases ideológicas. Esa justificación tiene dos aspectos: uno teórico y otro político.
Primero, el principio teórico es la idea de un Estado subsidiario. El Estado subsidiario debe “contribuir al financiamiento de las iniciativas educacionales que surjan de la comunidad nacional,” y también “restituir los recursos que extrae” de la comunidad nacional. La subsidiariedad implica que las universidades públicas deben existir sólo en el caso que la iniciativa privada no pueda cubrir lo requerido por la educación superior. El Estado debe estimular la iniciativa privada con el fin que “el ejercicio directo de la tarea universitaria [sea] asumido en mayor volumen por la actividad particular.” Reconoce que financiamiento estatal indirecto es un “ingenioso medio” para favorecer el objetivo último de la reforma –“la gradual desestatización de nuestra estructura universitaria.”
La norma es una educación superior sometida a la lógica del mercado, y la excepción una educación superior estatal. El principio de subsiedariedad demanda que un Estado instrumental asuma funciones que debe abandonar cuando se den las condiciones para que opere la lógica del mercado. El Estado subsidiario es la contrapartida de lo Guzman percibe como un Estado desvalijador que “extrae” recursos en forma indebida, y que debe ser obligado a “restituirlos” a sus legítimos dueños.
Con esto Guzmán rompe con la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que la doctrina pontificia propone la función subsidiaria, pero enfatiza en igual medida la función solidaria del Estado por la que se legitima su capacidad para defender, articular y promover los intereses colectivos. Al romper la armonía entre subsidiariedad y solidaridad, Guzmán subraya unilateralmente la lógica del mercado, terreno no apto para la virtud cívica y el patriotismo.
Con esto Guzmán también rompe con el republicanismo en Chile. Tradicionalmente, las universidades fueron instituciones que impartían educación cívica, al igual como lo hicieron históricamente nuestros institutos militares. No fueron instituciones subsidiarias, sino que en ellas se cultivó la solidaridad entre jóvenes de diferente proveniencia social, diferentes credos y diferentes comunidades étnicas. Esa educación cívica no se transmitía en cursos o lecciones, sino que se inculcaba por la práctica de la responsabilidad mutua, la lealtad a las instituciones y la disposición a posponer el bien privado en aras del bien común.
Guzmán expone, en segundo lugar, las razones prácticas para la desarticulación de la educación superior. El monopolio que el Estado mantuvo en Chile sobre las universidades las convirtió “en centros de poder y agitación política.” Este reclamo fue formativo para Guzmán como estudiante universitario y luego lo impulsó a liderar el movimiento gremialista.
Señala que a partir de la reforma universitaria de 1967 la “democracia en cuanto forma de gobierno fue introducida a una entidad jerárquica como la universidad.” Lo que logra el gobierno militar es revertir ese proceso y restituir a los verdaderos gestores o “dueños” de las universidades el papel de “responsable superior y fuente natural de autoridad jurídica.” Con esto se evita “caer en las fórmulas del electoralismo masivo o democrático, las cuales facilitan... tendencias francamente politizadoras de la vida universitaria.”
A la luz de este editorial, ¿hay o no continuidad del compromiso ideológico de Lavín y el gobierno actual con la política universitaria del gobierno militar? Primero habría que decir que por el solo hecho que la Concertación no alterara en lo fundamental el curso que el gobierno militar le imprimió a la política universitaria, Lavin puede decirse continuador de esa política. La idea de un Estado subsidiario pervive en el ámbito educacional.
Segundo, la Concertación, aunque derrotó en la práctica el escepticismo y desconfianza de Guzmán frente a la democracia, no incentivó una movilización democrática en pro de una reforma universitaria. El gobierno actual también ha dejado atrás ese escepticismo y desconfianza. Y ahora el diálogo que promete iniciar el presidente Piñera con la comunidad universitaria movilizada será decisivo para juzgar si se rompe la continuidad con el legado principal de Guzmán, el Estado subsidiario.
