Gobernanza para la ciberseguridad

Enrique Marshall

Se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de ley que provee un marco para la ciberseguridad y la infraestructura crítica de la información. Es, sin duda, una muy buena iniciativa, necesaria para el desarrollo del país y, particularmente, para el de aquellos sectores que utilizan intensamente las nuevas tecnologías.

El proyecto en cuestión crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANC) como un servicio público descentralizado, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio encargado de la seguridad pública. Esta nueva entidad dispondrá de facultades para regular, fiscalizar y sancionar a los organismos públicos y las instituciones privadas en materia de ciberseguridad. Se deduce de ello que el sistema financiero quedará bajo tuición de la ANC.

“En estas materias solemos entusiasmarnos en demasía, incluso más allá de nuestras menguadas posibilidades, sin advertir costos y consecuencias”.

Sin perjuicio de reconocer sus bondades, esta iniciativa despierta ciertas aprensiones e inquietudes en la industria financiera, la que se encuentra hoy bajo la vigilancia de la CMF. Una es que se incurra en una sobrerregulación y, por tanto, en sobrecostos por la aplicación mecánica de recomendaciones internacionales. Otra es que no se logre una adecuada coordinación entre autoridades que coincidirán en la vigilancia sobre el sistema financiero. Una tercera preocupación es que todo esto vaya en desmedro de la atención que merecen otros asuntos también prioritarios para la estabilidad financiera.

Por ello es importante que el proyecto y, sobre todo, su implementación, resguarden ciertos principios fundamentales como son la debida coordinación entre organismos del Estado; el respeto por las especificidades sectoriales; el cuidado de los siempre escasos recursos públicos, evitando la duplicación o superposición de funciones; y la correcta utilización de las capacidades acumuladas por el Estado que, en este caso, están en la CMF.

Dos experiencias pasadas resultan iluminadoras a propósito de estas preocupaciones. La primera se refiere a los preparativos efectuados por la industria financiera con motivo del cambio de milenio. Los gastos e inversiones fueron enormes, pero pasado algún tiempo, muchos nos formamos la impresión de que los intereses del mundo de la informática habían pesado excesivamente en las decisiones adoptadas, sin el adecuado contrapeso de los supervisores financieros.

La segunda se refiere a las regulaciones introducidas para prevenir los ataques a los cajeros automáticos pocos años atrás. Estas redujeron efectivamente los asaltos, sin embargo, los costos de funcionamiento de esos equipos se fueron a las nubes. Todo ello condujo a una reducción del parque de cajeros y a una preferencia por dispensar billetes de alta denominación, de lo cual los clientes no cesan de quejarse.

En estas materias solemos entusiasmarnos en demasía, incluso más allá de nuestras menguadas posibilidades, sin advertir costos y consecuencias.