Gas a precio (in)justo

Macarena García y Juan Ignacio Gómez

“Uno tiene que probar las cosas para ver cómo resultan”, dijo la ministra Tohá respecto de las críticas al plan “Gas de Chile”, que pretendía distribuir gas licuado de petróleo para dar más competitividad al segmento. Curioso, porque pese a ser un proyecto piloto, como han repetido cual mantra todas las autoridades de gobierno estos días, en 2022 el mismo Gobierno anunciaba que iban a bajar los precios en 40% por el solo hecho de que una empresa estatal realizara distribución de gas.

La realidad –que parece ser dura con los deseos de las autoridades de turno– demostró que, pese a venderlos un 35% más barato que el precio promedio de mercado, a la ENAP la venta de cada balón le costó un 500% más por unidad. Algo, evidentemente, no calza.

“La subsidiariedad nos permite entender cuándo y dónde el Estado debe actuar, no por cuestión de principios, sino por eficiencia; porque en un mundo donde los recursos son escasos, nada hay más injusto que derrocharlos, como hizo el Gobierno con su fallido piloto del gas licuado”.

Tampoco calza la prudencia en el anuncio. Por aquella fecha, el ministro SEGPRES, Giorgio Jackson, declaraba que “esperamos ir creciendo, ir entrando en el mercado tan concentrado que existe en el gas licuado, y de esa manera empujar los precios a la baja” (La Tercera, 22 de julio de 2022). Por su parte, la ENAP, consultada sobre si se había informado a la Fiscalía Nacional Económica de esta nueva incursión, informaba (también en julio de 2022) que se trataba de un proyecto “no comercial, restringido y acotado en el tiempo”. ¿Entonces?

Lo que ocurre es que con el “Gas de Chile” se ratifica ese temor de viejo cuño respecto de la mala capacidad empresarial del Estado. Y el motivo es simple: la ministra Tohá tiene razón cuando afirma que uno tiene que probar las cosas para ver cómo resultan, pero cuando los recursos son propios, porque ahí la responsabilidad y el efecto quedan en uno mismo, para bien o para mal.

Sin embargo, dado que el Gobierno no posee dinero en propiedad, sino que administra los recursos cuya propiedad es común a todos los chilenos; y, además, administra los recursos que aportamos todos los contribuyentes, sean personas o empresas, lo que haga bien o mal no le afecta en nada. Por eso la ministra del Interior puede decir aquello, que es una máxima de irresponsabilidad. Y así visto, el “Gas de Chile” no es más que un subsidio al GLP con, quizás, el costo de administración más alto del mundo.

Sin embargo, esta fallida iniciativa pone de relieve una cuestión fundamental del programa de este Gobierno: la creación de empresas públicas como forma de implementar políticas públicas. El programa contemplaba al menos ocho: la Banca Nacional de Desarrollo, la empresa nacional del litio, del hidrógeno verde, de materiales de construcción, de industrialización de vivienda sustentable, de administración y desarrollo de infraestructura, de recolección y tratamiento de basura, y de telecomunicaciones. ¿Por qué el Estado sería más eficiente que los privados dedicados a ello, quienes, además -a diferencia del Estado- arriesgan su propio destino y patrimonio en la inversión?

“Gas de Chile” nos deja una importante lección: que la subsidiariedad nos permite entender cuándo y dónde el Estado debe actuar, no por cuestión de principios, sino por cuestión de eficiencia, porque en un mundo donde los recursos son escasos, nada hay más injusto que derrocharlos, tal como hizo el Gobierno con el fallido piloto del gas.