Esta no es la solución, pero es un avance
GABRIELA CLIVIO Economista, International Valuation Standard Council, Board Member
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Gabriela Clivio
El 25 de septiembre se despachó la nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. La iniciativa pretende recaudar US$ 4.500 millones, monto equivalente a 1,5% del PIB en su lucha contra la evasión fiscal y la informalidad económica. El principio que sigue o persigue esta ley es muy importante: se trata de evitar el deterioro de las finanzas públicas, financiando gastos permanentes con ingresos permanentes. Tema aparte es si será posible recaudar 1,5% del PIB adicional, algo que a mi juicio no es tan evidente ni posible, o si la mejor manera de recaudar más debiese provenir de volver a crecer a las históricas tasas del 5,5%, que cada vez parecen más lejanas.
Nada se dice, tampoco, sobre la mala evaluación de varios programas de gasto público ni acerca de las posibilidades de mejorar la eficiencia en el mismo. Pero, dado un cierto nivel de gasto comprometido, si no queremos que la calificación de la deuda del país se deteriore y enfrentar con ello costos de un mayor spread y endeudamiento, entonces tenemos que pensar en recaudar más.
“Uno de los temas omnipresentes, nunca tratado de manera directa en la discusión tributaria, es el aumento del endeudamiento público en los últimos 16 años”.
No hago un llamado a la inconsciencia ni pretendo tapar el sol con un dedo. Ciertamente, esta ley no soluciona el problema del bajo crecimiento que vivimos en Chile desde hace ya una década, ni la baja calidad de la educación que impacta, entre otras cosas, en una baja productividad, ni le pone atajo a la permisología que ha terminado por constituirse en un impuesto adicional a la inversión. No estamos frente a un “Pacto por el crecimiento”, estamos solamente frente a una Ley de Cumplimiento Tributario que, en varias materias, como la nueva definición de “Grupo Empresarial”, la nueva fórmula para el cálculo de los intereses de las deudas tributarias, o el hecho de no aplicar una tasación en la medida en que una reorganización obedezca a una razón de negocios, significa un avance. En otras áreas, como la simplificación, quedamos al debe.
Uno de los temas omnipresentes, pero nunca tratado de manera directa en la discusión tributaria, es el aumento de los niveles de endeudamiento público en Chile en los últimos 16 años. En los hechos, el Consejo Fiscal Autónomo, preocupado por el equilibrio de las fuentes permanentes de financiamiento y la reconstrucción del Fondo de Estabilización Económica y Social, ya había propuesto al Poder Ejecutivo y al Legislativo la adopción de una serie de medidas. Entre ellas, el cumplimiento de la meta de Balance Estructural y que se retomara la tramitación del proyecto sobre responsabilidad fiscal.
Frente a lo anterior, no es de extrañar que casi un mes después de despachada esta Ley, la agencia S&P mantuviera la calificación de la deuda soberana de Chile en moneda extranjera, pero mejorara su Outlook por primera vez en siete años, desde negativo a neutro. S&P mencionó que las sólidas instituciones democráticas de Chile son anclas económicas que han absorbido las perturbaciones internas y externas en los últimos cinco años y comentó que espera una continuidad en la política fiscal y monetaria del país.