Financiamiento para la naturaleza

La brecha operacional para las áreas protegidas del Estado va de $ 44 mil millones a $ 57 mil millones anuales. En cuanto a inversiones, la brecha se estima entre $ 67 mil millones y $ 87 mil millones. Las cifras se engrosan al incluir, por ejemplo, iniciativas de conservación privada. Si apuntáramos a proteger un 7% adicional del territorio nacional, el costo de operación sería de $ 187 mil millones al año y la inversión requerida de $ 317 mil millones.

“Está claro que será imposible hacer frente a la triple crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación sin aumentar la inversión en la naturaleza”.

El mismo informe enfatiza que las áreas protegidas son “el principal instrumento para la protección de nuestra biodiversidad” y entre sus propuestas, recomienda: identificar y crear nuevas áreas protegidas en ecosistemas subrepresentados; restauración de ecosistemas; apoyo estatal a la asociatividad para crear Áreas Protegidas Privadas; aumentar el presupuesto fiscal para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); implementar un sistema mixto para financiar las AP del Estado; incentivar donaciones y fortalecer el Fondo Naturaleza Chile, entre otras.

Justamente, la aprobación del SBAP es una buena noticia en este camino, siempre y cuando pueda contar con un presupuesto adecuado. Otro hito es la operación del Fondo Naturaleza Chile, orientado precisamente a movilizar recursos para reducir la brecha financiera para la conservación. Fue creado en 2021, tras cuatro años de un proceso inédito de diseño basado en estándares internacionales, con el apoyo de expertos de WWF, entre muchos otros, a nivel nacional y global, sumando trabajo colaborativo de diversas organizaciones y agencias de gobierno, bajo el alero del Ministerio del Medio Ambiente.

Lo que está claro tras las cifras presentadas es que será imposible hacer frente a la triple crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación sin un incremento sustantivo en la inversión en la naturaleza. Además, es probable que estos recursos no llegarán de fuentes internacionales, sino que tendrán que ser movilizados nacionalmente desde la filantropía, el sector privado y el Estado, al menos en un 50%, dado que hoy no existen incentivos de mercado suficientes para proteger la biodiversidad. 

Por lo tanto, como lo menciona el informe del CEP, tenemos que reconocer el papel crucial de las áreas protegidas en la conservación y provisión de servicios ambientales que tienen impacto directo en los seres humanos, como el agua, la salud y la recreación. Esto, además de sus potencialidades para ser un motor de desarrollo en los propios territorios y sus áreas de influencia.

Con el 2030 casi a la vuelta de la esquina, el país requiere sentar un gran acuerdo en torno a la protección de su naturaleza y su financiamiento, algo que esperamos pueda tener la urgencia que a veces les falta a temas así de importantes.