La crisis desatada

Fernando Barros

Son pocas las acciones de parlamentarios de oposición, y algunos otros confundidos, que puedan sorprendernos por su populismo irresponsable como las iniciativas que comprometen el futuro de los trabajadores al permitir el retiro indiscriminado de los ahorros previsionales, sin importar si muchos o pocos de quienes recurran a ello lo necesitan o si terminan consumiendo su pensión futura en la compra de bienes de consumo u otros usos que no son de primera necesidad.

En esa línea están las iniciativas que impiden cobrar lo adeudado por rentas de arriendo impagas, servicios básicos consumidos y otros ofertones generosos del mundo político, sin ocuparse de su financiamiento o de los efectos desastrosos que causan en las empresas, sus trabajadores y la economía en general.

Las mociones pasan por modificar lo resuelto en el reciente plebiscito sobre una nueva Constitución Política, el cambio en los quórum o en la integración por origen étnico de la convención constituyente, o el dar un golpe parlamentario acortando en casi un año el período presidencial de cuatro años de quien fue elegido con una amplia mayoría.

Si bien podríamos señalar que lo anterior no es inusual en nuestra jungla política y que a la hora de los temas trascendentes los parlamentarios no se confundirán y primará un sentido republicano, ello lamentablemente no es así. Día a día vemos que una parte relevante del Legislativo se olvidó de su compromiso con el país y el respeto del ordenamiento jurídico. Ante la grave crisis de violencia del 18 de octubre de 2019, se ha pasado desde reacciones iniciales tibias a una directa validación del uso de la agresión a civiles y fuerzas del orden, y la destrucción de bienes públicos y privados, como opciones válidas de acción política.

Mientras parlamentarios del Frente Amplio, comunistas y otros rechazaron convertir en ley la obligación de los partidos de renunciar al uso, propugnación o incitación a la violencia, varios impulsan una campaña para lograr la impunidad o indulto de quienes están procesados por graves delitos cometidos. No han quedado ahí, y todas las semanas vemos las asonadas extremistas que comenzaron con la destrucción de la Plaza Baquedano y la zona cero, y ahora van por La Moneda y el mismo Gobierno.

La guerra declarada por la mayoría parlamentaria al Gobierno del Presidente Piñera en materia legislativa, evidenciada en las acusaciones constitucionales y destitución de ministros, se suma a la acción política violenta que sigue ejerciendo la izquierda dura en las calles. Esta situación tiene a Chile inmerso en una crisis política que se arrastra por más de un año y que se agrava con la desarticulación de la capacidad de protección de la sociedad por Carabineros de Chile, quienes han sido desarmados con acusaciones falsas -como centros de tortura, crucifixiones y abusos sexuales- y la estigmatización en base a casos puntuales de incumplimiento de protocolos en su accionar frente a verdaderos violentistas. Todo lo anterior está minando la confianza en nuestro futuro.

El compromiso democrático del Gobierno y del Presidente es incuestionable, al igual que su ejemplar apego a la legalidad para enfrentar la violencia y acciones claramente sediciosas del mundo político, pero ello no obsta al deber de ejercer las acciones necesarias en legítima defensa del orden público y del Estado de derecho, para evitar que triunfen los que buscan desestabilizar al Gobierno y el régimen democrático constitucional.