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Alto contrasteSe afirma que con la transparencia todos ganan. El Estado, mayor legitimidad y credibilidad; la ciudadanía, mayor participación y control del accionar público; el país, mayor inserción, mejor imagen y reputación internacional. Todo ello impacta, finalmente, en la profundización y perfeccionamiento del sistema democrático.
Pero nada de aquello será el resultado de la sola vigencia de una ley, sino que de la instalación de una cultura de la transparencia en todos los sujetos y ámbitos de acción de esta política: servicios públicos, municipios, funcionarios y, fundamentalmente, en las personas como titulares del derecho de acceso a información pública.
Para evaluar el cumplimiento de estos objetivos, el Consejo para la Transparencia ha desarrollado el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI). Este índice será la herramienta para medir anualmente los avances y retrocesos de esta política, y también guía que orientará los esfuerzos del aparato público y del propio Consejo para seguir avanzando en este ámbito.
En su primera evaluación, el ITAI nos indica que, a cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, sus objetivos se han cumplido en un 38%, y que, para alcanzar niveles más altos, es prioritario superar el actual desconocimiento del derecho de acceso a la información tanto por parte de la ciudadanía como por los funcionarios públicos.
Respecto de los ciudadanos, es necesario transmitirles masivamente cómo ejercer este derecho y dónde reclamar si no se obtiene la información. Para difundir este conocimiento hay que materializarlo a través de posibilidades concretas y prácticas de uso, ya que el acceso a la información pública no es una sofisticación jurídica, sino que un instrumento útil para el ejercicio de otros derechos en materias tales como salud, vivienda y educación, para la realización de trámites o la obtención de subsidios y beneficios por parte de los servicios del Estado.
Los funcionarios, por su parte, deben ser promotores principales de la transparencia. Muchas personas optan por concurrir presencialmente a obtener información ante los órganos públicos y municipios. En esa gestión se relacionan con funcionarios que pueden actuar como facilitadores y propagadores del derecho, entregando una adecuada orientación, o como obstáculos para su ejercicio. Ello depende, en gran parte, de la valoración que tengan de la ley y del conocimiento de los procedimientos y garantías que contempla.
Confiamos en que el recién estrenado Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) será un referente que sistemáticamente evaluará y acompañará el accionar y las relaciones que se generan entre todos los involucrados en la tarea de instalar la cultura de la transparencia en el país, relevando los avances y mostrándonos los desafíos que se deben abordar, de modo que paulatinamente todos ganen con la transparencia: el Estado, los ciudadanos, el país y nuestro sistema democrático.
