Estándares realistas para el crecimiento sostenible

MARCELA RUIZ-TAGLE O.

Hace más de una década que nuestro país abrazó los objetivos del desarrollo sostenible, en particular los relacionados con el cambio climático. Se han implementado regulaciones específicas en el área medio ambiental, la renovación de la matriz de energética y, en lo más reciente, impulsado el proyecto de Ley para la Naturaleza que amparará el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Este foco se amplió al tomar Chile un rol más activo en las últimas COP, cofundando la coalición de Ministros de Finanzas y liderando la discusión sobre la transición financiera, de forma tal de acompañar y acelerar la transición climática, en tres ámbitos principales: el financiamiento de países desarrollados a emergentes (donaciones); movilización de capitales privados para financiar la transición a la economía descarbonizada; y estrategias fiscales y planes de inversión pública.

“El Estado debiera ser el primero en adecuar su comportamiento a los estándares ESG, más allá de la emisión de ‘bonos verdes’ e impuestos correctivos”.

En este contexto no debiera haber sorprendido que la CMF estableciera mayores exigencias de información a las sociedades anónimas abiertas en sus Memorias Anuales respecto a sus políticas, prácticas y objetivos relacionados con el medio ambiente, la comunidad y su gobierno corporativo (conocidos como estándares ESG), para así transparentarlos formalmente al mercado y avanzar hacia un estándar de información común por parte de empresas del sector real y financiero.

No obstante, entendiéndose la motivación de la CMF, es necesario ajustar las expectativas. Por un lado, la información a proveer aún estará lejos de poder ser incorporada en la valorización de las empresas, no obstante, su veracidad y cumplimiento sí podrá ser exigida por inversionistas y stakeholders. Más aún, para que estos estándares generen los beneficios intergeneracionales esperados, debieran ser una exigencia a todas las empresas del sector real, privadas y públicas.

Es necesario recordar que los cambios estructurales requieren de una planificación integral, tiempos de transición y acciones que mitiguen riesgos. En este caso, por ejemplo, para evitar desincentivar que nuevas empresas se listen en bolsa. Debido a su incidencia, el Estado debiera ser el primero en adecuar su comportamiento a estos estándares, más allá de la emisión de “bonos verdes” e impuestos correctivos, fortaleciendo su gobernanza y gestión de la sostenibilidad a través de la adecuación de las metodologías de evaluación social de proyectos, así como el diseño de los programas que impulsan los distintos ministerios sectoriales, particularmente los de Obras Públicas, Transporte y Vivienda por su impacto directo en el medio ambiente y las comunidades.

De igual forma, y en el contexto de la descentralización, se debiera exigir que los gobernadores actualizaran las estrategias regionales de desarrollo, incorporando estos estándares de manera vinculante al momento de evaluar y priorizar las inversiones locales, así como también al momento de emitir los instrumentos de ordenamiento territorial. Estas acciones darían transparencia, trazabilidad y credibilidad al compromiso país de un crecimiento sostenible.