Es la política, el problema

Luis Felipe Lagos M.

A mediados de 2021 nos preguntábamos si Chile experimentaba un ciclo económico-político, hoy, con un proceso de ajuste en marcha, podemos afirmar que sí, el país vive las secuelas de los desequilibrios generados por el proceso político.

Recordemos que el populismo, bajo el nombre de “parlamentarismo de facto”, dominó la escena. Se presionó a un Gobierno muy debilitado por el estallido de violencia (18-O) a mantener durante 2021 una ayuda universal (IFE), en principio a cambio de no aprobar retiros de ahorro previsional. Al final, tuvimos tres retiros y una política fiscal extremadamente procíclica. La suma de retiros e IFE alcanzó cerca de US$ 80.000 millones, un increíble 25% del PIB, superando ampliamente la caída de ingresos. Por cierto, una ayuda acotada y focalizada para los sectores más afectados y trabajadores que perdieron su empleo era necesaria.

“El necesario ajuste para frenar la inflación y el insostenible déficit externo se intensificará debido a la permanencia de altos grados de incertidumbre asociados a reformas del Gobierno con un sesgo estatista y refundacional”.

La economía voló en 2021, el PIB creció 11,7% y el consumo 18,2%. Los desequilibrios no tardaron en manifestarse, la inflación escaló a 12.8% en 2022 y el exceso de gasto respecto de los ingresos del país (déficit en la cuenta corriente) se empinó a un 9% del PIB.

El Banco Central empezó el ajuste monetario tempranamente, con una primera alza de la tasa de política en julio de 2021; incluso podría haber sido antes, dado que el shock de demanda agregada, y sus efectos en inflación, eran plenamente anticipados, y ya en febrero de ese año se había recuperado el nivel de producto previo a la caída originada por la inestabilidad política y el Covid. En junio, el Imacec era igual al que se habría obtenido de continuar la economía la tendencia de crecimiento de septiembre de 2019, se decir, sin la caída de 2020.

El necesario ajuste para frenar la inflación y el insostenible déficit externo que amenaza la estabilidad macro frente a condiciones financieras externas más restrictivas, se intensificará debido a la permanencia de altos grados de incertidumbre asociados a reformas del Gobierno con un sesgo estatista y refundacional, que afectan negativamente el clima de inversión, la inseguridad y el proceso constitucional, lo que llevará a una recesión este año.

Esto ha traído de vuelta los afanes populistas. Un primer intento han sido las mociones parlamentarias de reforma constitucional, para salvar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia previsional, con un autopréstamo, que en realidad es un retiro encubierto de hasta el 100% de los ahorros previsionales, sin un claro mecanismo de devolución de los fondos.

El populismo, como una de sus principales características, se preocupa solo de los efectos inmediatos sobre el consumo que permite un retiro, pero no de la destrucción de las pensiones, el colapso del mercado de capitales y el consiguiente estancamiento de la economía que conllevaría la aprobación de un proyecto de autopréstamo de esta naturaleza. Tampoco le interesa el “daño colateral” al populismo: la caída del valor de los fondos y el incremento en inflación que afectaría a toda la población, pero principalmente a los más vulnerables, que no tienen fondos para autoprestarse.

La reforma previsional que permite un autopréstamo acotado a un 5% de los fondos acumulados, con un tope de 30UF, con devolución y sólo para los trabajadores activos, sienta un mal precedente para mociones parlamentarias de corte populista. Por esto, parlamentarios responsables debieran rechazar tanto el autopréstamo de la reforma previsional, como los retiros encubiertos.

Es crucial que una nueva Constitución mejore nuestro sistema político.