Empleo público: una reforma imperiosa para el crecimiento

ALEJANDRO WEBER

El Estado ha sido uno de los pocos ganadores en tiempos de crisis. En materia de empleo, las cifras muestran consistentemente un crecimiento desmedido del empleo púbico. En el trimestre móvil febrero-abril los asalariados públicos aumentaron un 5,7% o 63.948 personas, llegando a un total de 1.189.092 personas.

Como lo develó un reciente estudio de la USS, en marzo el empleo público había anotado un alza de 9,6% en 12 meses y en los primeros 10 meses del gobierno del presidente Boric se observó la mayor expansión desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Si vemos las cifras de la DIPRES, al cierre del año 2022 se contabilizaban 452 mil empleados públicos sólo en el Gobierno Central, un 52% más que hace ocho años, mientras que en resto de la economía el empleo creció apenas un 9,9%.

“No quedan más excusas para no avanzar en una profunda reforma al empleo público. No es razonable subir los impuestos para seguir financiando un aumento desmesurado del empleo fiscal”.

La elevada desocupación actual -8,7% general y 9,5% en el caso de las mujeres- no avanza más solamente gracias al crecimiento sin control del sector público. Si nos comparáramos con la tendencia prepandemia, hoy observamos un déficit cercano a los 400 mil puestos de trabajo. Como si fuera poco, más de un 20% del presupuesto de la nación se destina anualmente al pago de remuneraciones, costo que aumentará con la jornada semanal de 40 horas.

Frente a una recesión económica ratificada por el FMI -que señala que Chile será el único país de la región que no crecerá en 2023- y con un escenario internacional adverso, ya no quedan más excusas para no avanzar en una profunda reforma al empleo público. No es razonable subir los impuestos para seguir financiando un aumento desmesurado del empleo fiscal.

La buena noticia es que hay camino recorrido. Recientemente el Gobierno del presidente Piñera ingresó al Congreso un proyecto de ley, tomando una propuesta transversal de cuatro centros de estudio y una consulta pública con más de 60 mil participantes que le dieron un rotundo apoyo.

Este proyecto buscaba enfrentar el problema fijando mayores barreras de entrada para que sea personal calificado el que ingrese al Estado; creando contratos indefinidos con indemnización y mecanismos de egreso reales para los malos desempeños; separaba claramente a los profesionales de carrera de los cargos políticos, limitando estos últimos a una mínima expresión, y avanzaba en diversas medidas orientadas a mejorar el servicio a los usuarios y aumentar la productividad. El proyecto, pese a su ingreso al Congreso, no fue tramitado por el actual Gobierno.

Otro proyecto, que fortalece al Servicio Civil y la Alta Dirección Pública –en segundo trámite constitucional, pero sin urgencia del Ejecutivo-, le entrega dientes a nuestra institucionalidad para hacer cumplir la ley.

En lugar de subir impuestos que asfixien a las PYME y los trabajadores, es necesario retomar nuestra vocación de progreso, y para eso el Estado debe contribuir mejorando la calidad del gasto público, entregando mejores servicios a las personas y agilizando las inversiones. Acá se han presentado dos propuestas -perfectibles, por cierto-, pero que apuntan en esa dirección. En tiempos de crisis, llegó la hora de actuar.