Eliminación de un impuesto anacrónico

Juan Ignacio Rivas

En época de constantes reformas tributarias y nuevos proyectos de cambios, poco se ha hablado del impuesto de timbres y estampillas, un gravamen cuyo solo nombre revela un grado de anacronismo y que puede parecer inocuo o “barato” -dado que sus tasas porcentualmente son bajas (entre 0,066% y un 0,8%)-, pero que ser suele muy limitante y costoso, sobre todo para las personas y para las pequeñas y medianas empresas.

En general, este impuesto grava las operaciones de crédito de dinero documentadas (por ejemplo, préstamos o mutuos) u otros documentos que den cuenta de una deuda (léase, pagarés y letras de cambio). Como tal, tiene un impacto directo sobre los costos de acceso al crédito. Así, en tiempos como los actuales en que las tasas de interés que ofrece el mercado han ido al alza, tiene un fuerte impacto sobre el financiamiento al tornarse este más caro, y, por ende, dificultando su acceso a muchos.

“Cabe preguntarse por la conveniencia de seguir manteniendo el impuesto de timbres y estampillas, pues no pareciera estar en consonancia con las verdaderas necesidades económicas de los tiempos actuales. Eliminarlo sería una buena medida tributaria”.

Por otra parte, y además del mayor costo del crédito, el impuesto de timbres y estampillas supone también una mayor burocracia, distribuida entre gestiones de pago en bancos, exigencias de notarías, conservadores de bienes raíces, revisiones del Servicio de Impuestos Internos, etc. Así, en una operación de crédito hipotecario por CLP$100 millones a 20 años de plazo, además de tener que soportarse los intereses del préstamo, los gastos de tasación, honorarios de abogados, de notaría, y de las inscripciones en el Conservador (CLP$1.000.000 aproximadamente), habría que soportar el impuesto de timbres y estampillas por la suma de CLP$800.000, es decir, se termina agregando una cantidad significativa.

El problema se agrava para las personas y/o empresas que se encuentran en una etapa inicial de actividad económica. En efecto, el impuesto de timbres y estampillas les carga doblemente la mano, puesto que personas y/o pymes carecen de capital inicial y no suelen contar con mayores alternativas de financiamiento. Entendido de este modo, entonces, este particular impuesto termina adquiriendo tintes de regresividad.

Siendo este el escenario, cabe preguntarse por la conveniencia de seguir manteniendo este impuesto, pues no pareciera estar en consonancia con las verdaderas necesidades económicas de los tiempos actuales. En la actual coyuntura, las preguntas que debieran hacerse son: ¿Será razonable mantener un impuesto al crédito?, ¿cuánto coarta este el dinamismo de la economía y el impulso del emprendimiento? Y, si se considera que gran parte del consumo se efectúa pagando con crédito, ¿será justo que -además del impuesto a la renta que grava los ingresos de las personas y del IVA-, exista además un impuesto al crédito?

La situación del país requiere con urgencia de medidas que favorezcan el emprendimiento, eliminando sus trabas y los costos que lo puedan afectar. Se debe propender a mejorar el crecimiento, que viene en declive hace algunos años, y a reactivar la economía. Si lo anterior es un objetivo deseable, facilitar y mejorar el acceso al financiamiento debe plantearse como un paso necesario. Entre las políticas que pudieran apoyar todo ello, una buena medida tributaria por evaluar sería plantear la eliminación del impuesto de timbres y estampillas.