El Estado es más grande, ¿estamos mejor ahora?

Hace una década, los que hoy gobiernan salieron a la calle para reclamar en contra del “modelo”, culpándolo de todos los problemas del país, y planteando que la única forma de resolverlos era un mayor rol del Estado. Decían que por culpa del neoliberalismo éramos el país más desigual del mundo, y además que, como nos habíamos centrado en el crecimiento y en la responsabilidad fiscal, teníamos una gran deuda con el establecimiento de mayores derechos sociales.

Lo cierto es que no éramos el país más desigual, el índice Gini y otros indicadores de distribución del ingreso estaban mejorando y el gasto social había crecido mucho más que el PIB. Efectivamente, entre 1990 y 2013 el PIB creció a una tasa promedio de 5,3%, el gasto fiscal a 6,3% y el gasto social a un 6,8% promedio por año. Lamentablemente, la izquierda y la centroizquierda dieron más valor a las consignas que a la evidencia, sobre todo porque esas consignas eran funcionales a recuperar el gobierno, que habían perdido por primera vez desde el retorno a la democracia.

“En estos diez años aumentó el tamaño del Estado, pero los ciudadanos se dan cuenta del bajo crecimiento, del empleo privado estancado, de que las remuneraciones crecen menos, y los servicios públicos aún son muy deficientes”.

Incluso el gobierno de centroderecha de ese entonces se compró el argumento de mayores impuestos a las empresas, estrategia que se ha profundizado con seis reformas tributarias desde 2012, y a la que este año se sumó la modificación al royalty minero.

¿Qué ha pasado en estos diez años con el tamaño del Estado? Que ha seguido aumentando en forma muy significativa, especialmente cuando se compara con el PIB. Entre 2013 y 2023 el PIB crecería un 20%, el gasto fiscal un 60% y el gasto social un 70% real. Nadie puede dudar de que hemos seguido la receta de la izquierda, aumentar en forma significativa el rol del Estado. Fomentar el crecimiento económico no era el camino, lo relevante era entregarle mayores recursos al Estado para que los repartiera mejor que el mercado, y de esa forma satisfacer las demandas sociales.

¿Y qué ocurrió? Los ciudadanos siguen esperando, y además se dan cuenta de que el menor crecimiento ha sido muy negativo, el empleo asalariado privado está estancado, las remuneraciones crecen menos que antes, y los servicios que da el Estado siguen siendo muy deficientes.

Son dos los graves errores de diagnóstico que hay detrás de este fracaso. El primero es pensar que el crecimiento estaba garantizado, y que además no era muy relevante, porque lo que importa es que el Estado intervenga para que sus frutos lleguen efectivamente a todos. Tampoco aceptaban que, si los indicadores de distribución del ingreso estaban mejorando, entonces el crecimiento sí estaba beneficiando a todos.

El segundo error de diagnóstico fue pensar que a través de la política social se podía llevar a cabo en forma eficiente y eficaz ese proceso de redistribución. Es evidente que no, y ahora vemos cómo el caso de las falsas fundaciones y la entrega de pensiones de gracia a delincuentes son buenos ejemplos del grado de captura del Estado, junto con problemas alarmantes de gestión, que se han agravado durante este Gobierno.

¿Podemos ser algo más optimistas ahora que el diagnóstico de los problemas parece más claro? No mucho, lamentablemente. Pese a que la mayoría ciudadana tiene muy clara la importancia del crecimiento, el Gobierno insiste porfiadamente con la receta fracasada: seguir aumentando el tamaño del Estado para, ahora sí, mejorar las condiciones sociales, y además hacerse cargo de dirigir el proceso de crecimiento, con políticas de desarrollo industrial que fracasaron estrepitosamente el siglo pasado.