El Estado empresario contraataca

Tomás Flores

La actual Constitución establece que: “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”.

Este inciso contiene de manera explicita dos principios básicos para permitir al Estado a realizar actividad empresarial, esto es, un amplio acuerdo en el Congreso y la obligación de regirse por la legislación común aplicable al resto de la industria.

“La experiencia del Estado empresario no ha sido exitosa en Chile, ni en otros países, por lo cual abrir nuevamente esa puerta requiere de una reflexión profunda que no parece estar presente en los constituyentes”.

Estas reglas cambian de manera sustancial en la nueva propuesta constitucional, ya que se indica que: “El Estado tendrá́ iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá́ desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine. Sin perjuicio de esto, en lo pertinente, serán aplicables las normas de derecho público sobre probidad y rendición de cuentas”. Como se puede apreciar, ahora la creación de una empresa pública sólo requeriría ley simple y podría tener reglas que sean diferentes a las vigentes en el sector privado.

Abrir ampliamente la puerta nuevamente al Estado empresario, genera el temor de que la empresa estatal sea llevada, entre otros objetivos, a efectuar redistribución del ingreso a fin de obtener el apoyo político buscado por un Gobierno en su política de precios. Ella se caracteriza por proveer de bienes y/o servicios a los grupos de mayor poder político con precios inferiores a los costos de producción, lo cual es sostenido en el tiempo por el acceso a aporte fiscal o deuda garantizada. De hecho, no es inusual que, a pesar de lo anterior, iniciativas como la Farmacia Popular de Recoleta tengan actualmente serios problemas de cumplimiento con sus proveedores, además de aparentes problemas de gestión interna que la tienen al borde de la quiebra.

Más sorpresivo aun sería el anuncio de que el Ministerio de Transporte desearía crear una empresa estatal de telecomunicaciones para zonas extremas. De hecho, Pedro Huichalaf, ex subsecretario del ramo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, le señaló a DF: “Tenemos el mejor índice de cobertura, servicio y la brecha digital más reducida de la región. Tener una empresa sólo para cerrar la brecha o estar en sectores menos de mercado, es complejo, porque no sólo tiene que crearse, sino tener los recursos para el despliegue de la red y las frecuencias disponibles. Y veo difícil, no imposible, hacerlo en este momento. No veo qué tan relevante y diferenciador sería”.

Jorge Atton, a su vez señala que: “Hacer una empresa estatal es un retroceso contra la lógica. Varios países están saliendo del modelo estatal, hasta Venezuela está abriendo la propiedad de las telecomunicaciones a privados”, y agrega que sería una competencia desleal para los actuales actores, porque la entrega de espectro podría no pasar por los mismos procesos competitivos actuales; y además sería ineficiente, ya que serían necesarios unos US$ 15 mil a US$ 20 mil millones para hacer a una empresa competitiva desde cero.

La experiencia del Estado empresario no ha sido exitosa en Chile, ni en otros países, por lo cual abrir nuevamente esa puerta requiere de una reflexión profunda que no parece estar presente en los constituyentes.