El daño económico de las protestas violentas

El pasado 26 de agosto y en el marco de la conmemoración por la muerte de Manuel Gutiérrez, joven que falleció en una protesta convocada por la CUT, tres buses del Transantiago fueron quemados por desconocidos tras el inicio de una protesta con barricadas en Pudahuel. Dos días antes, cuatro sujetos armados subieron a dos máquinas y obligaron a los pasajeros que se desplazaban por la comuna de Peñalolén a bajar. Luego, lanzaron varias bombas molotov a los buses con la intención de quemarlos y lo lograron.

Las autoridades han advertido que por cada bus que deja de circular, mil personas dejan de tener transporte, por lo que la Intendencia ha presentado querellas en contra de los responsables de estos ataques, quienes serían imputados por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte de artefacto incendiario e incendio, arriesgando condenas de hasta 10 años de prisión en su pena máxima.

La dificultad para encontrar a los culpables es conocida, lo que provoca que estos ataques no se detengan, muy por el contrario, aumenten. Durante los últimos meses hemos visto una serie de ataques a buses del Transantiago. Muchos pasajeros han estado en riesgo a merced de los delincuentes, siendo evacuados ante el temor de morir calcinados. Los culpables lo hacen por demostrar su descontento ante distintas políticas de Estado, pero quien sufre las consecuencias de estos actos tan violentos es el país entero. El vandalismo tiene graves consecuencias para la economía.

El 2012 ocho buses fueron siniestrados. Lamentablemente, en lo que va del año, ya son diez los buses quemados. Sólo durante este 2013, las pérdidas de las aseguradoras han sido millonarias, alrededor de 
$ 750 millones y aún quedan casi cuatro meses para que este año termine. El peligro es que lleguemos a un punto en que la industria no pueda seguir cubriendo este tipo siniestros. ¿Qué ocurriría si las compañías dejaran de asegurar a empresas de transporte público debido a la alta tasa de actos maliciosos? Los operadores no sólo deberían hacerse cargo de las pérdidas por tener una micro menos circulando, sino que deberán responder por la reposición del bus completo.

Esta cadena de pérdidas, podría tener impactos económicos nefastos en los operadores del sistema de transporte. Las consecuencias podrían ir desde un alza en el precio de los pasajes hasta que las empresas -que operan el Transantiago- concluyeran que el negocio no da frutos y decidieran no renovar sus contratos.

Cuando se conmemoran los 40 años del golpe militar, las autoridades han puesto en marcha un plan de contingencia para evitar la quema de buses y los actos vandálicos en general. Esperamos que éstos muestren resultados y que estas prácticas tan negativas terminen.