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Alto contrasteLa delincuencia se ha convertido en las últimas décadas en uno de los asuntos más relevantes para la opinión pública, diferentes actores sociales y políticos. No es casualidad que en las campañas presidenciales, parlamentarias y municipales se exija a los candidatos tener propuestas sólidas en esta materia.
Así, la preocupación mayor se ha centrado en los delitos llamados de mayor connotación social, como homicidios, robos violentos, narcotráfico, y de violencia intrafamiliar, entre otros. Esto no es casualidad y resulta obvio. Se trata de delitos muy graves que causan un gran impacto en la vida de las personas y en la sociedad.
Pero existen delitos más silenciosos que siguen estando ahí y que tienen un desconocido poder para socavar las instituciones y el orden jurídico. Por ejemplo, las falsificaciones de las que nos enteramos sólo por la noticia de algún producto tóxico contenido en un juguete u otro implemento disponible en el comercio.
La Propiedad Industrial (PI) no es un tema de especialistas y ajeno al ciudadano común, aunque la mayoría de la población no lo advierta. Cualquier persona cuando adquiere un producto espera que éste tenga los registros y certificaciones legales que aseguren que sus propiedades sean reales. El país se da un orden y establece mecanismos de registro de marcas y en general de propiedad industrial para dar seguridad a la población.
Sin embargo, la falta de una educación sobre PI y la falsificación, expone a la población a la acción delictual de los falsificadores.
Si bien estamos lejos de exhibir los problemas que se presentan en otros países de la región, donde los productos “bamba” o falsificados se venden a vista y paciencia de las autoridades, no estamos libres de este problema.
A través de una marca legalmente establecida, los consumidores se aseguran el origen del producto y su calidad. Pero incluso si la calidad no fuese la ofrecida, en el peor de los casos, la marca permite identificar a quien lo produjo o fabricó y el consumidor puede así ejercer sus derechos.
Necesitamos crear mayor conciencia. Una ciudadanía informada actúa también como un freno a los falsificadores y como presión para que las autoridades tomen las medidas que eviten que se multiplique este ilícito. Una responsabilidad transversal entre quienes se interesan por el respeto de la propiedad industrial y la defensa de los consumidores.
