DF Tax | Sinceremos la discusión tributaria

Catalina Maritano

¿Tiene Chile una baja carga tributaria? Esta pregunta ha sido largamente discutida durante las últimas semanas a raíz de las conclusiones entregadas por la OCDE, las cuales indicaban la existencia de una brecha entre la carga tributaria en Chile y el promedio de los países que son parte de la organización. En ese entendido, el presidente de la Comisión Tributaria de la CPC manifestó que el cálculo era incorrecto, señalando la necesidad de hacer varios “ajustes” a los números, con los cuales se llegaba al promedio de la OCDE.

Sin embargo, es necesario cuestionar el rigor académico de dichos ajustes.

Tomemos el ajuste más relevante: las “contribuciones de seguridad social”. El promedio de los países de la OCDE considera dentro de su carga tributaria estas contribuciones, y sin embargo, no fueron consideradas para el cálculo de Chile. En base a eso, algunos actores en la discusión señalaron que las cotizaciones que los chilenos hacen de forma obligatoria por concepto de salud (isapres) y pensiones (Administradoras de Fondos) debieran incluirse dentro de la carga tributaria, y por lo tanto, disminuiría la brecha.

“Sincerar que efectivamente existe una brecha tributaria no niega la discusión política de fondo: ¿queremos cambiar nuestro sistema para ajustarnos al promedio de los países OCDE? ¿Por qué? ¿Qué bienes o servicios quiere proveer el Estado de Chile a sus ciudadanos?”.

Sin embargo, ese ajuste sería equívoco. La OCDE desestima las cotizaciones para el cálculo chileno por una buena razón: no son impuestos. Se trata de sumas que no van al Estado, no entran a las arcas generales de la Nación y no se encuentran desafectadas para efectos del gasto público. Son dineros que van a parar a instituciones privadas, abonándose a un plan de salud propio o a una cuenta de capitalización individual, en beneficio exclusivo del aportante. Es contradictorio defender, por una parte, el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones previsionales y, por otra, su carácter de impuesto para efectos del cálculo de la carga tributaria. La OCDE sí considera estas contribuciones cuando se trata de pagos obligatorios al Estado que no tienen una contraprestación al contribuyente. Es por eso que hay que tener cuidado con estos “meros ajustes”.

Ahora, sincerar que efectivamente existe una brecha tributaria no niega la discusión política de fondo: ¿queremos cambiar nuestro sistema para ajustarnos al promedio de los países OCDE? ¿Por qué? ¿Qué bienes o servicios quiere proveer el Estado de Chile a sus ciudadanos? No obstante, estas preguntas exceden lo técnico y lo tributario.

Lo que sí está claro es que ajustar los números y negar la existencia de una brecha es perjudicial tanto para lo tributario como para lo político de fondo, pues legitima un sistema que no está exento de errores. Existe un amplio espacio para mejoras en materia tributaria, las cuales, dicho sea de paso, no necesariamente vienen dadas por el aumento de las tasas o por un impuesto al patrimonio. La misma OCDE ha señalado que dentro de los elementos que diferencian a Chile respecto del promedio de la OCDE es su dependencia del IVA y del impuesto corporativo, y la reducida base del impuesto personal, el cual sólo se paga en tramos que exceden en gran medida el sueldo promedio.

De esta forma, asumir la existencia de una brecha tributaria en conjunto con las definiciones políticas de fondo, permite abrir un espacio de discusión que, si se aborda de forma responsable y técnica, permitiría alcanzar un pacto fiscal que logre los objetivos políticos que la ciudadanía se proponga, tales como mayor recaudación, mayor eficiencia del Estado, mayor estabilidad y menores efectos adversos en la inversión y el empleo.