Durante 2012 aumentó la tasa de morosidad de créditos de consumo, en todo tipo de institución: bancos, tarjetas de crédito de casas comerciales, cooperativas, cajas de compensación, etc. Como contrapartida, creció el número de personas que entran al sistema de Dicom, luego de la gran disminución en enero, con la llamada Ley del Borronazo.
Una hipótesis es que quienes tenían deudas morosas o vencidas en diciembre de 2011 están nuevamente con dificultades de pago, lo cual no es extraño. Un grave problema que tuvo esa normativa es que se comunicó como Ley del Perdonazo, cuando en realidad las deudas subsistieron, ya que sólo se borraron de los registros. Al poder tomar nuevamente créditos, las dificultades financieras pueden haberse agravado para un cierto porcentaje de los deudores borrados. Nuevamente se aplica que el problema es la baja capacidad de pago respecto a las obligaciones, y no el registro que da cuenta de las deudas impagas.
En las instituciones acreedoras existe la sensación que se ha relajado la llamada “cultura de pago”, que siempre se ha considerado alta en Chile. Pienso que la cultura de pagar no ha variado, y que es baja, lo que ocurre es que se ha relajado la percepción sobre la utilidad de los incentivos anti morosidad, es decir, los premios y castigos asociados a ese fenómeno.
Estar moroso ha traído consecuencias indeseadas para el deudor, ya que al incorporarse a la base de datos de Dicom se han generadoserias dificultades. Esa situación siempre ha sido muy resistida por los deudores y por buena parte de los dirigentes políticos, lo que se refleja en los borronazos de 2001 y de 2011. Como es evidente, para que los incentivos importen deben ser valorados; a la inversa, si los incentivos son menores, el impacto se produce solo si existe una tendencia a no pagar. Eso parece ocurrir en Chile.
Si se analiza nuestro comportamiento, en muchos ámbitos y a todo nivel socioeconómico, existe en Chile un virus muy activo, que requiere dosis permanentes de disuasivos. Es la “viveza criolla”. En el comportamiento individual y social predomina lo que llamaría la “cultura del aprovechamiento”, pariente muy cercano del abuso.Claro que exagero, pero basta un porcentaje importante contagiado con este virus para tener brotes epidémicos en nuestra sociedad.
Las conductas revelan que en todos los sectores existen muchos que creen que ser pillo es una gracia. Es posible ser solidario con los conocidos cercanos, o con casos que impactan, como es la Teletón o un terremoto, pero si no se conoce a los otros, si paga Moya, surge la viveza. Tenemos la tendencia a ser arrogantes, en cuanto a ser más cumplidores que las personas en otros países. Sin embargo, eso se puede deber a que tenemos una sociedad más organizada, con más reglas disuasivas, pero si ellas tienen baja probabilidad de aplicarse, a muchos les aflora el “vivo” que llevan dentro.
Es posible que el énfasis en derechos, sin fortalecer las responsabilidades, haya sido un bumerang. Existe una mayor conciencia de esos derechos, como es el caso del Sernac, lo que aumenta el malestar y la sensación de abuso generalizado, porque muchos de esos derechos son impracticables. Por ejemplo, existe un muy bajo conocimiento sobre conceptos y funcionamiento del sistema financiero, por lo que la transparencia pierde mucha eficacia y es fácil la percepción de abuso. Las sanciones sociales por conductas ilegítimas parecen escasas, en los grupos de referencia que le interesan a cada uno; entre inversionistas por usar información privilegiada, entre personas modestas por no pagar en el supermercado, entre empleados públicos por atender muy mal a las personas modestas, en quienes diseñan comisiones muy difíciles de comprender.
Algo similar puede suceder en otros países; no obstante, nosotros vivimos en Chile y nos interesa lo que aquí ocurre. El camino al desarrollo también requiere definir e inculcar los valores que estructuran nuestra vida como común-unidad.