El nuevo Congreso y el fin de la imposición

Cristián Saieh

El resultado de las elecciones del domingo es una muy buena noticia para la democracia. Los partidos políticos y sus congresistas deberán esmerarse para negociar cooperativamente las reformas que pretenden incorporar a nuestro sistema social, si es que quieren que tengan viabilidad y se transformen en realidad. Se acabó la retroexcavadora.

En efecto, la Cámara de Diputados tendrá 92 nuevos diputados y el Senado, otros 17 miembros, lo que implica un cambio sustancial en su composición, inédito desde el retorno a la democracia, que incorpora fuerzas políticas fragmentadas y dispersas. Las consecuencias están a la vista: no existe un bloque que pueda erigirse en una mayoría estable; una dramática reducción de la DC y el PPD; la consolidación de RN y dos nuevos referentes: Evopoli, partido de centro derecha liberal con un positivo resultado y el Frente Amplio, agrupación de 13 movimientos de izquierda con un sorprendente desempeño en la elección (20 diputados y un senador). La fragmentación del voto y su volatilidad son patentes: dos miradas muy diversas de la sociedad se incorporan a la escena.

Porque la política, acaso se olvidaron algunos, es el ejercicio del poder intentando resolver o minimizar los intereses contrapuestos que existen en los diversos sistemas sociales, cuestión que la Nueva Mayoría ignoró en estos cuatro años a través de su inagotable política de incentivar la imposición y confrontación. Ahora con Ley de Cuotas, sin sistema binominal ni la hegemonía de ese bloque en el Congreso, debiera esperarse una actitud distinta en nuestras futuras autoridades y congresistas traducida en auténticas negociaciones políticas en que las destrezas de las personas, el atractivo de las ideas y la capacidad de captar las múltiples y fraccionadas sensibilidades de una ciudadanía impaciente, serán las claves.

La concreción de los tan manoseados derechos sociales referentes a las condiciones básicas necesarias para una vida digna y libre como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, entre otras, ya no será propiedad exclusiva de un grupo de iluminados que entiende que existe una sola vía para reconocerlos. Las AFP no podrán ser eliminadas de un paraguazo; las reformas educacionales no serán impuestas; el sistema de salud podrá ser corregido, pero no desmantelado. Los intereses de todos los involucrados tendrán que ser materia de negociaciones reflejadas en políticas públicas que sean consistentes con un desarrollo sustentable y no con consignas irresponsables traducidas en leyes mal concebidas y ejecutadas.

Los miembros de este nuevo Congreso tienen una enorme oportunidad para consensuar las soluciones a los grandes desafíos que nuestro país tiene para llegar al desarrollo, al parecer, uno de los pocos objetivos en que todos los sectores están de acuerdo; el punto es cómo alcanzarlo. Es ahí donde están las divergencias que serán materia de arduas y complejas negociaciones que debieran revitalizar nuestra democracia.