Corte de Rancagua: la más contundente señal

Cristián Saieh

Lo que ha ocurrido en el Poder Judicial con las acusaciones contra ministros de la corte de Rancagua por eventuales nombramientos irregulares, tráfico de influencias y cohecho —sumado a los desaguisados e imputaciones de delitos entre los fiscales Moya y Arías— es de la más extrema gravedad y requiere, de existir las irregularidades imputadas, una intervención y sanción ejemplar sin medias tintas ni matices.

La sociedad y su organización, amparada en el Estado de derecho, descansan, como última ratio, en el Poder Judicial, encargado de interpretar y aplicar la ley, como opción final frente a delitos y conflictos que no se han solucionado de manera consensuada. Y el Poder Judicial no es más ni menos que un sustituto de la confianza. En efecto, la confianza es una apuesta hacia el futuro de que la otra parte velará por mis intereses, no me perjudicará y actuará de buena fe. Entonces, si la confianza no existe, la sustituimos por la familiaridad, esto es, relaciones de familia y amistades, o por la autoridad que, en el contexto de las controversias y delitos referidos, la ejerce el Poder Judicial.

En Chile la confianza institucional y la interpersonal están por los suelos, en la más baja ubicación de la OCDE. Entonces, con esos niveles de temor frente al actuar de otros, si el Poder Judicial falla como sustituto de la confianza, no es de extrañar que muchos piensen que no queda otra que corromper o ser corrompidos, ingresando a una espiral que nos traslada como sociedad a un lugar del cual es muy difícil o imposible regresar. “¿Cómo todos lo hacen, y por qué no lo voy a hacer yo?”, es la racionalización de quienes se preguntan frente al espejo a la hora de evaluar la corrección de su actuar. Sin embargo, nos sentimos tan alejados de la corrupción institucionalizada, que incluso nos jactamos de la probidad de los chilenos y sus instituciones al compararnos con nuestros vecinos.

Pero no olvidemos que en esos países funciona el Poder Judicial y bastante bien. Los tribunales argentinos condenaron a Cristina, que solo se ha salvado de quedar tras las rejas por su fuero; los brasileros metieron a la cárcel a Lula y los peruanos hicieron lo mismo con varios expresidentes. En lo que respecta a Chile, vale la pena recordar los episodios que se han conocido y juzgado por los casos de colusión, fraudes de militares y Carabineros, y el llamado “financiamiento irregular de la política” - cuya denominación es sugestiva de esa particular forma de evadir y disminuir los problemas que tenemos los chilenos.

Estos casos han calado en lo más profundo de muchas organizaciones, empresas y del aparataje estatal. ¿Qué hay tras esto? Cada uno reflexionará y algunos seguirán en la zona de confort que le entrega su posición concreta; pero como sociedad, lo que no debiéramos ignorar es que si el Poder Judicial falla, se viene el peor de los escenarios para nuestro Estado de derecho. La señal que debieran dar los encargados de conocer y sentenciar los eventuales delitos cometidos en el aparataje judicial debiera ser la más contundente de todas; de lo contrario, vamos por muy mal camino.