Crisis en seguridad: un plan que trascienda

Cristian Crespo

El Presidente Boric, acompañado de su ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció el pasado jueves 6 de abril la implementación del “Plan Calle sin violencia”. Hace casi cuatro años, el 13 de mayo del 2019, el Presidente Piñera, acompañado por su entonces ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, presentó el “Plan Calle segura”. Hace más de ocho años, el 19 de agosto del 2014, la Presidenta Bachelet, junto a su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, lanzaron el “Plan Seguridad para todos”.

Por un lado, la coincidencia de nombres en los planes presentados por las autoridades indica la importancia que los tres gobiernos le han otorgado a la seguridad y su sintonía con las preocupaciones de la ciudadanía. Por otro lado, esta coincidencia también refleja la dificultad que tiene nuestro Estado para tener políticas públicas con continuidad que trasciendan a un gobierno.

“Para lograr una política pública trascendente en seguridad necesitamos que el gobierno de turno, independiente de su orientación política, considere lo avanzado y aprendido por cada gobierno anterior”.

Este problema se explica tanto desde falencias en políticas públicas como en la política misma.

Para lograr una política pública trascendente en seguridad necesitamos superar un patrón que dificulta alcanzar este objetivo: que el gobierno de turno, independiente de su orientación política, considera escasamente lo avanzado y aprendido por cada gobierno anterior. Para cambiar esta tendencia, pareciera clave que hoy todos los actores relevantes adopten una visión de Estado, facilitando un acuerdo político, de mediano a largo plazo, donde todas las visiones estén integradas.

Si bien lo anterior es una condición necesaria, no es suficiente para alcanzar una política pública de seguridad trascendente. Los esfuerzos que se requieren en materia de seguridad son intersectoriales e interinstitucionales. Es por ello que deben tomar la forma de planes que propicien contar con objetivos comunes y la coordinación de los actores claves en función de estos objetivos.

Sin embargo, nuestra institucionalidad en esta materia es débil. Los planes, si bien son anunciados como tales a la opinión pública, tienden a ser generales y pocas veces son diseñados rigurosamente y formalizados como los programas, por ejemplo. Todo plan en seguridad debiera formalizarse presentando al menos un diagnóstico explícito, basado en la evidencia disponible, un conjunto acotado de problemas a abordar, y por ende de objetivos a perseguir; estrategias de intervención con impacto probado que se vinculan con factores relevantes que explican los problemas; una formulación simple que permita distinguir responsables por estrategia; indicadores que faciliten monitorear el avance, y un sistema de evaluación que propicie el aprendizaje y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto representaría un piso mínimo de diseño para toda política pública que aborde una temática de tal relevancia.

Además, desde la política requerimos un acuerdo, con visión de largo plazo, con lineamientos sobre los cuales debe erigirse la política pública, y que dote al país de una institucionalidad robusta, a través de un nuevo Ministerio de Seguridad, con mayores facilidades para coordinar y establecer objetivos comunes entre instituciones claves.

Si bien lo que nos afecta no es de resolución simple, avanzando desde una mejor política y políticas públicas podremos alcanzar un plan trascendente y eficaz para abordar la actual crisis.