Crecimiento y mercado laboral: expectativas de una mejor pensión

Alejandro Weber

El Gobierno omite en su reforma previsional una piedra angular del sistema: el mercado laboral, del cual la pensión es un reflejo. Un exiguo crecimiento económico, salarios bajos y amplias lagunas previsionales nos llevarán inexorablemente a frustrar las expectativas de una mejor vejez. Sabemos lo que hay que hacer: mejorar los salarios, cotizar más y cotizar por más tiempo. El desafío es cómo.

Hoy la mitad de los trabajadores gana $502 mil o menos, y de los 5,8 millones de cotizantes el promedio de renta es de $1 millón 114 mil. Para mejorar los salarios reales debemos retomar el crecimiento que nuestro país extravió hace una década, propiciado por una mala reforma tributaria en 2015 y la enorme incertidumbre institucional desde 2019.

“Podemos romper la inacción con una nueva economía política, simple y realista, aprobando una ley corta para las materias urgentes, más una comisión experta que proponga alternativas para aumentar la competencia en la industria, la edad de jubilación y fortalecer el mercado laboral”.

Para intentar repetir lo ocurrido en el período 2003-2013, cuando alcanzamos un incremento promedio del PIB del 4% anual y del 2% en los salarios, debemos impulsar una robusta agenda procrecimiento, que incluya reducir significativamente las barreras burocráticas a la inversión, evitar alzas de impuestos, mejorar la eficiencia del Estado y proteger los ahorros de los trabajadores. Gracias a la capitalización individual y la rentabilidad pasada de los fondos, de cada 100 pesos de una pensión, 70 corresponden a rentabilidad. Como esto no será replicable, tenemos que redoblar los esfuerzos, pues por cada punto adicional de rentabilidad aumenta en un 25% la pensión. Allí debe estar nuestro foco.

Por otra parte, la discusión sobre el destino de los puntos adicionales de cotización es a estas alturas soporífera. Hay consenso en la necesidad de aumentar, pero debe atenuarse su impacto en el empleo. Subir 6 puntos en 6 años, como plantea el Ejecutivo, aumentará la informalidad y el desempleo, y bajará los salarios. Por ello, se debe diluir el riesgo con una implementación más gradual, en 12 años, y, tal como han propuesto algunos, evaluar nuevos incrementos en relación con el cumplimiento de indicadores económicos, al completar tres o cuatro puntos. Una buena noticia para combatir la informalidad son las propuestas impulsadas desde la sociedad civil por actores como la CPC, la ASECH y la Multigremial.

Por último, la informalidad y la edad de jubilación son los problemas centrales. En Chile, sólo un tercio de la población activa cotiza versus un 47% en la OCDE. En el caso de las mujeres, sólo la mitad participa del mercado laboral y quienes lo hacen formalmente cotizan en promedio 18 años para financiar una vejez de 32 años. Sin embargo, si una mujer jubilara a los 65 años su pensión mejoraría un 35%.

Esta es una verdad incómoda para la discusión vociferante, pero fundamental para un análisis serio. Por ello, debemos flexibilizar nuestro mercado laboral para entregar oportunidades de empleo e incentivos que permitan postergar la jubilación.

Pese a estas complejidades, es posible avanzar. Junto a Bernardo Fontaine propusimos romper la inacción con una nueva economía política, simple y realista, aprobando una ley corta para las materias urgentes, como los puntos adicionales de cotización y un premio/castigo por rentabilidad, más una comisión experta que proponga alternativas para aumentar la competencia en la industria, la edad de jubilación y fortalecer el mercado laboral.

Es ingenuo pensar que una ley solucionará el problema previsional. Por eso, flaco favor nos haríamos si no analizamos y explicamos a la ciudadanía qué esfuerzos debemos hacer en nuestra economía para mejorar las pensiones. Esto también debe ser parte de la reforma.