Consideraciones para un acuerdo en pensiones

Luis Felipe Lagos M.

La tercera es la vencida, dicen algunos al reparar que es el tercer intento de reforma de pensiones.

El proyecto es innegablemente refundacional, tanto desde la estrategia legislativa que elimina el DL 3.500 que creó el sistema de capitalización individual, como por los profundos cambios que introduce. Lograr un acuerdo no será fácil.

En primer lugar, debe aclararse el objetivo de la reforma. Si bien es obvio que se desea aumentar las pensiones, debiera especificarse esto respecto de una tasa de reemplazo (fracción de la pensión respecto del salario), en función de los años cotizados. Asimismo, un diagnóstico certero debiera llevar no sólo a acordar un incremento en la tasa de cotización, sino también a un eficaz combate contra la informalidad y la sub-cotización, e indexar aumentos en la tasa de cotización y edad de jubilación al incremento en la esperanza de vida, cosa que no considera la reforma.

“El riesgo de captura política del APA es muy elevado. Se argumenta que sería similar al Banco Central, pero este es un organismo técnico, dedicado a la política monetaria e investigación, no a la atención de público”.

Las autoridades de gobierno han argumentado que incluso una tasa de reemplazo de 100% para las pensiones más bajas sería insuficiente, dados los bajos salarios. Esto es claramente un problema del mercado del trabajo y de baja productividad laboral, no puede ser abordado por el sistema de pensiones.

Existe un apoyo transversal al aumento del monto y cobertura de la PGU, no obstante, es muy inapropiado que esta llegue al 100% de los habitantes, considerando los montos involucrados, y que el 10% superior tiene alguna capacidad de ahorro voluntario. La PGU debiera alcanzar, con montos decrecientes, hasta el 90%. Los recursos públicos son escasos y tienen uso alternativo: hay más niños y jóvenes pobres, que adultos mayores.

No es convincente que la separación de la industria entre gestión de inversiones y labores administrativas de apoyo, como plantea el proyecto, se deba a una razón económica (economías de escala), y no a una ideológica (crear un monopolio estatal a cargo de las cuentas, con el APA). Las economías existen para una escala entre 600.000 a 1 millón de cuentas, pero no para once millones (revisión de la literatura hecha por Patricio Arrau), y ya están aprovechadas. Para bajar las comisiones, se debiera implementar la idea de licitaciones de parte del stock.

El riesgo de captura política del APA es muy elevado. Se argumenta que sería una institución similar al Banco Central, pero este es un organismo técnico, dedicado a la política monetaria e investigación, no a la atención de público.

El diseño del fondo colectivo (6% adicional), adolece del problema que en economía se denomina inconsistencia temporal. El Gobierno actual se compromete a otorgar beneficios endeudándose con el Fisco, y en el futuro se aumentan los impuestos (tasa de cotización). Pero para el próximo Gobierno, es óptimo (políticamente) no cumplir el compromiso, continuar con un esquema de reparto y “chutear” el mayor aumento de cotización a la Administración siguiente. Así, la mutación del reparto a la capitalización colectiva está en duda y existe la amenaza de un reparto insostenible.

En el papel se afirma que los inversores privados (IPP) competirían con el inversor público (IPPA), lo que no ocurriría en la realidad. Por defecto, se asignan las cotizaciones (10,5%) al ente público, que además monopoliza el 6% adicional; los inversores privados no pueden hacer esfuerzos de venta para captar clientes. Este diseño es inaceptable, los inversores privados y el público debieran competir en igualdad de condiciones por el total de las cotizaciones.