¿Cómo reducir la brecha digital?

CATALINA BINDER

La experiencia internacional ha demostrado que, para el desarrollo con equidad, la infraestructura juega un papel fundamental. En esa línea, a la infraestructura física se ha ido sumando durante los últimos años la infraestructura digital, que ha permitido dotar de servicios de calidad a zonas geográficamente aisladas y de difícil acceso, similares a aquellos disponibles para los habitantes de los mayores centros urbanos.

En un Estado moderno y justo estos beneficios debieran ser accesibles para todas las personas. Esto es precisamente lo que ocurre en algunos países como Finlandia, que al igual que el nuestro, tiene una geografía difícil, pero ha logrado superar esta limitación dotando de conectividad de calidad a todos sus habitantes, sin importar su ubicación o condición. Algo similar ocurre en Estonia, donde su población, además de gozar de la garantía constitucional de acceso a internet, tiene un acceso real y en condiciones de igualdad a la red a través de sistemas digitales interoperables, que, entre otras cosas, los habilitan para hacer uso de todos los servicios públicos.

“El desarrollo de infraestructura digital debería ser objeto de una decidida política pública a nivel nacional, no sólo como exigencia económica del siglo XXI, sino como una herramienta para un modelo de desarrollo hacia un Chile más democrático, justo y transparente”.

En nuestro país existe conciencia en todos los sectores acerca de lo imprescindible de avanzar en este camino, en el cual ya se han dado algunos pasos iniciales. Los pilotos de conectividad digital realizados en las localidades de Caleta Sierra, en la Región de Coquimbo, y de Sotomó, en la Región de Los Lagos, aunque siguen siendo casos aislados, demuestran el impacto positivo que produce en la vida de las personas una infraestructura digital de calidad.

La brecha digital que existe en nuestro país opera como un importante factor de desigualdad entre sus habitantes. Uno de los elementos determinantes es el valor del servicio, sobre todo para los hogares de más bajos ingresos. En eso influyen el costo de la conectividad internacional y la escasa cobertura y competencia de redes fijas de alta velocidad. Para las zonas con baja cobertura de este servicio, el acceso a la red se realiza principalmente a través de internet móvil, conexión que tiene límites de consumo, menores velocidades y mayores precios.

En el caso de la banda ancha móvil, de acuerdo a estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los chilenos nos beneficiamos de un precio de acceso muy por debajo del estándar de 5% reconocido internacionalmente como el umbral de asequibilidad. Ciertamente, nuestro país está entre los líderes de Latinoamérica, pero aún con espacio para avanzar hacia niveles de costos de naciones desarrolladas como Japón, Francia o Italia.

En consecuencia, el desarrollo de infraestructura digital debería ser objeto de una decidida política pública a nivel nacional. Dado los altos costos que esto implica, parece razonable pensar en un modelo de asociación público privada, tal como lo han hecho economías como Uruguay, Singapur, Nueva Zelanda y Colombia.

Una infraestructura digital moderna y eficiente para todo el territorio de nuestro país, no es sólo una exigencia del siglo XXI y de la integración de Chile al mundo, sino que también una herramienta sólida y eficaz que permitiría un modelo de desarrollo para un Chile más democrático, justo y transparente.