Comisiones y probidad, un camino ya recorrido

Macarena Letelier Velasco

La transferencia directa de recursos públicos realizada de manera irregular a la Fundación Democracia Viva dio lugar a que el Gobierno conformara un “equipo de expertos” para el estudio y propuesta de nuevos parámetros de probidad, en especial en el trato del Estado con las instituciones sin fines de lucro.

No es la primera vez que esto se hace en Chile. En enero de 1994 se hizo pública la pérdida de más de US$ 200 millones en las operaciones de mercados a futuro de Codelco. En abril de ese año se creó la Comisión Nacional de Ética Pública. Entre los fundamentos para su creación estuvo la necesidad de actualizar mecanismos de prevención y sanción para casos de corrupción, el tráfico de influencias y la colisión de intereses, junto con la necesidad de contar con mayor transparencia entre el sector público y el sector privado. La modernización de la gestión pública también se tuvo a la vista.

“Estas comisiones son siempre reactivas ante casos de corrupción de connotación pública y todas dejan la sensación de que hace falta una urgente modernización del Estado”.

Como resultado del trabajo de la Comisión presidida por el entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés, se redactó el “Informe de la Comisión Nacional de Ética Pública sobre la probidad pública y la prevención de la corrupción” publicado en 1996, que dio origen a la Ley de Probidad (Ley N 19.653) de 1999.

Posteriormente, en 2003, los denominados casos MOP-Gate y Coimas dieron paso a una investigación judicial en la que se acreditó que el MOP pagó sobresueldos a funcionarios por trabajos que no se realizaron. Si bien no se formó una comisión, si se logró un Acuerdo Político-Legislativo entre la Concertación y la oposición, liderado por el presidente de la UDI y el Presidente de Chile de la época. Este acuerdo fue seguido de una política de reformas y modernización de la gestión pública, materializada en 49 proyectos de ley.

En 2006 la Contraloría General de la República, en una auditoría a Chiledeportes, detectó graves irregularidades tras revisar proyectos beneficiados en forma directa por más de cuatrocientos millones de pesos, constatándose el desvío ilegal de recursos públicos a campañas políticas. Esta vez se creó el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia, que luego dio origen a la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, creándose el Consejo para la Transparencia.

Por último, el Caso Penta llevó en 2015 al gobierno de la Presidenta Bachelet a crear la Comisión Engel, cuyo informe sobre la prevención de la corrupción, la regulación de los conflictos de interés, el financiamiento de la política para fortalecer la democracia, la confianza en los mercados y sobre integridad, ética y derechos ciudadanos, antecedió a la “Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia” o Ley 20.900.

Llama la atención que estas comisiones sean siempre reactivas a la aparición de casos de corrupción de connotación pública y que tengan en común, a lo largo de todos los años, la sensación no sólo de falta de regulación, sino de una urgente modernización del Estado, que como ya se señaló en 1994, oriente el desarrollo de sus funciones para el cumplimiento de sus objetivos, mejorando la eficiencia, la productividad y la calidad de las prestaciones que otorgan los servicios públicos.