Chile y Colombia: similar, pero diferente

Daniel Velandia

La convulsión social en Latinoamérica durante 2019 tiene, sin duda, factores de origen en común, con la reducción del crecimiento económico per cápita tras la fuerte caída de los precios de los commodities entre los principales. Ha sido el caso en muchos países de la región, tras un período en que los mayores ingresos fiscales permitieron elevar el gasto social y en infraestructura, lo que a su vez trajo una reducción importante de la pobreza y desigualdad, en medio de una fuerte expansión de la clase media.

Ahora resulta claro que los gobiernos no estaban totalmente preparados para enfrentar el escenario global de los últimos años, lo que condujo a muchos de ellos a realizar medidas de ajuste fiscal -impopulares por definición- en un contexto de menor crecimiento. Así, parece haber surgido un sentimiento generalizado de frustración en la región, en cuanto las personas sienten que el espacio para mejoras sustanciales adicionales en el futuro es más limitado. Por supuesto, otros factores han contribuido al origen de las protestas, incluyendo la baja calidad o accesos a servicios públicos, bajas pensiones, una mayor percepción de corrupción y baja gobernabilidad, entre otros (como la lenta implementación del proceso de paz en Colombia o el alza del costo de vida en Chile).

Varios de estos factores están implícitos en Chile, pero existen elementos diferenciadores. En lo positivo, Chile tiene una baja percepción de corrupción del gobierno frente a otras naciones (Brasil, Bolivia, Perú) y una democracia fuerte en comparación con países como México, Bolivia y Brasil. Ahora bien, ha sido una de las economías con mayor reducción en su tasa de crecimiento per cápita desde 2014 vs. el período 2004-2013, sólo superado por Argentina. Asimismo, Chile es uno de los países más desiguales de la región. A esto se suma la fuerte inmigración de los últimos años, que incluso resulta comparable con la observada en Colombia desde Venezuela, como proporción de la población total y de la fuerza de trabajo (4.7% y 10%; Colombia: 4.2% y 8%), y que ha implicado un marcado deterioro del mercado laboral vía bajos crecimientos del salario real promedio y presiones sobre la formalidad laboral, lo que no se ha visto en Colombia, dado sus ya altos niveles de informalidad (50%).

Para Chile, uno de los principales riesgos es un marcado deterioro de las cuentas fiscales más allá de lo ya anunciado, como también encontrar el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y crecimiento económico será complejo. Esto es, medidas impositivas o de menor gasto pueden generar un menor crecimiento estructural (estimamos que la economía crecerá 1.1% en 2019 y 1.2% en 2020). A modo de referencia, el gasto social del gobierno en Colombia pasó de 6% del PIB en 1990 a cerca de 15% del PIB en 1995, resultado de la nueva Constitución de 1991. De ahí, precisamente, nuestra preocupación.

La buena noticia es que Chile es de los pocos países de la región, si no el único, que cuenta con las instituciones y recursos (i.e. ahorros) para afrontar este nuevo escenario.