Chat GPT-3: ¿Confiable para los consumidores?

Sebastián Bozzo Hauri y Juan Ignacio Contardo

En Chile, nuestra Ley de Protección al Consumidor establece como un derecho básico e irrenunciable de los consumidores recibir información veraz y oportuna sobre las características relevantes de los bienes y servicios disponibles en el mercado y a que ellos se ofrecen. Pero, además, los consumidores tienen la obligación de informarse responsablemente de los bienes y servicios que contraten. Lo anterior significa también que los consumidores tienen el deber de conocer sus derechos para hacerlos efectivos.

¿Y qué sucede con la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la información? ¿Puede el consumidor fiarse de ellas para conocer sus derechos? ¿Tiene responsabilidad al administrador de esta herramienta por la entrega de información errónea al consumidor?

Hace pocos meses, se ha conocido la irrupción del Chat GPT-3, un tipo de inteligencia artificial o red neuronal de aprendizaje profundo creada por OpenAI, que puede generar contenido como si se tratase de un humano mediante la generación de lenguaje natural. Esta herramienta permite, además, que cualquier usuario pueda introducir cualquier pregunta en la aplicación y GPT-3 intentará generar una respuesta apropiada para contestar de la manera más correcta y eficaz posible.

Si uno pone a prueba la herramienta, puede obtener respuestas correctas en el ámbito de consumo si se trata de temas generales, como qué es la ley de protección del consumidor en Chile, qué se entiende por garantía legal o qué es la publicidad engañosa. Ante estas preguntas el Chat GPT-3 contesta relativamente bien, sin un nivel de precisión, pero sin cometer errores.

Si queremos respuestas más concretas, como cuál es plazo de la garantía legal y qué derecho otorga, el chat pierde precisión. Por ejemplo, nos dice que el plazo de la garantía legal es de un año para los bienes durables, cuando es de seis meses. Tampoco contesta con exactitud qué derechos entrega la garantía legal, acierta en algunos y yerra en otros, cuando la Ley es clara en indicar que nos da el derecho a pedir la devolución del precio, cambio de producto o solicitar la reparación de este ante la falta de conformidad, a elección del consumidor.

Respecto de si el administrador de esta herramienta tecnológica puede ser responsable ante la entrega de información falsa al consumidor, la respuesta en caso de un uso gratuito no puede dar origen a una relación de consumo, pues faltaría el pago del precio, requisito necesario para caer en la órbita de la ley del consumidor. Sin embargo, si el consumidor paga por disponer de un uso premium de la herramienta, y la información que ésta suministra no es exacta, podríamos estar frente al caso de un servicio que no cumple con las expectativas del consumidor (técnicamente, “inidóneo”), y podría tener lugar el ejercicio de la garantía legal en materia de servicios.

Por cierto, esta herramienta seguirá perfeccionándose durante el tiempo. Por lo pronto, sin embargo, los consumidores que la quieran contratar -pero especialmente los proveedores que quizás quieran implementarla en sus procesos de venta- deberán tener claridad acerca de las limitaciones actuales de esta plataforma, en especial en lo relativo a la información legal que suministra hacia las personas.