Una nueva institucionalidad para la infraestructura

Carlos Cruz

La necesidad de reactivar la economía ha puesto en evidencia la importancia de la inversión en infraestructura. De hecho, buena parte del esfuerzo que ha desplegado el Gobierno ha estado focalizado en aumentar la inversión en este sector, con justa razón.

Es a través de infraestructura de calidad que las personas pueden acceder a más y mejores servicios, incidiendo en su calidad de vida y su percepción de mayor equidad; se crean las condiciones para un aumento de la productividad -disminuyendo los costos de producción y traslado de los bienes y servicios- y se generan oportunidades que alientan al sector privado a desplegarse, invirtiendo en nuevas actividades.

Este importante paso, que reconoce la relevancia de la infraestructura, debiera ser razón suficiente para proponerse maximizar la efectividad de esta opción. Al respecto, sería recomendable revisar algunos diagnósticos realizados por prestigiosas instituciones nacionales y extranjeras acerca del estado actual de nuestra capacidad de optimizar los recursos destinados a este propósito, así como las recomendaciones que surgen para mejorar nuestra capacidad de respuesta. Nos estamos refiriendo a la OCDE, el BID, la Comisión Nacional de la Productividad (CNP) y el FMI.

Todos ellos coinciden en que la inversión en infraestructura debe estar subordinada a una visión de país con una mirada de largo plazo. Para ello, necesariamente, esta debiera trascender los cambios de gobierno, lo cual debe corresponder a una transversalidad política lo más amplia posible, de modo de darle permanencia a la ejecución de los proyectos de infraestructura en los que una política pública se expresa. Un ejemplo es el Metro, que independientemente del gobierno de turno, sigue adelante con las inversiones necesarias para ampliar su cobertura y la calidad de sus servicios porque existe el consenso necesario de que este es el mejor modo de integrar una ciudad con las características de Santiago.

Esa visión no se reproduce en otras áreas, las que se ven tensionadas permanentemente por diferentes roles institucionales entre entidades que invierten en el mismo territorio; capacidades diferentes para identificar proyectos, desarrollarlos y ejecutarlos; prioridades distintas entre sí; cambios de gobierno y de ministros. Los esfuerzos de coordinación, que por cierto existen, no son efectivos a la luz de las dinámicas propias de cada institución, las que operan a partir de sus propias definiciones de misión y visión, en contextos políticos cambiantes.

Esta forma de proceder genera ineficiencias significativas que bien podrían corregirse al unificar los criterios de inversión a partir de un Plan Nacional de Infraestructura que sea validado políticamente, y revisado cada cierto tiempo en función de las dinámicas propias que se expresen en el país.

Dada la importancia de este Plan, debiera estar localizado a nivel de la máxima autoridad política del Estado (el Presidente de la República); y para su formulación, identificación de responsables, seguimiento y revisión, esa autoridad debiera contar con una entidad asesora, nominada en forma independiente, con permanencia en sus cargos más allá de los períodos de gobierno, con recursos autónomos y reconocida capacidad técnica, muy a semejanza del Consejo Asesor de Política Fiscal.

Esta figura, que por lo demás existe en países a los que miramos con interés como modelo de desarrollo, debiera ser promovida por este Gobierno en lo que le queda de su período, constituyéndose en una impronta para una mayor efectividad en el uso de los recursos públicos en materias de inversión en infraestructura.