Desalación para impulsar la agroindustria

Carlos Cruz

Las expectativas de crecimiento de la economía chilena para el próximo año son malas. Las estimaciones originales (antes del 18 O) sostenían que éramos capaces de crecer hasta un 3,5% del PIB, pero hoy esas proyecciones se acercan al 1%, en el mejor de los casos, por factores coyunturales internos.

El gobierno, consciente de esto, ha propuesto una bien orientada agenda de recuperación económica que, de ejecutarse debidamente, debiera mitigar en parte el aumento del desempleo que nos amenaza. Sin embargo, esto no es suficiente para recuperar la confianza de que somos capaces de alcanzar el desarrollo en los próximos 10 años, como se nos ha propuesto por las autoridades.

Si bien hoy nuestra economía se ha visto sacudida por los impactos de las demandas sociales, la tendencia de la economía nacional viene mostrando una gran fragilidad desde hace años. Los principales motores de la economía se inclinan a perder su dinámica espontánea y se requieren decisiones de las autoridades para permitir plenamente el despliegue de sus potencialidades.

Entre otras, es el caso de la industria agroalimentaria, que comienza a verse afectada principalmente por la baja disponibilidad de recursos hídricos para asegurar un crecimiento futuro. Este sector representó a fines de 2018 un volumen aproximado de exportaciones de US$ 18 mil millones, equivalente al 50% de la industria minera, siendo el segundo sector más importante en la generación de divisas.

Las posibilidades para seguir creciendo son evidentes. Chile cuenta con grandes ventajas naturales y competitivas para ello: la disponibilidad de clima y territorio aptos para la actividad; la contra estación en relación a los centros de consumo más relevantes del mundo; una buena percepción de los productos chilenos en los mercados de destino; el desarrollo de un sector empresarial moderno. No obstante, enfrenta un proceso progresivo de estrés hídrico, más allá de la sequía que ha tenido lugar los últimos dos años.

Este se irá agudizando como consecuencia del cambio climático y su impacto. A diferencia de la minería, que ha hecho frente a este fenómeno en forma autónoma, el sector agroalimentario requiere un apoyo insustituible de parte del Estado, que no tiene porque ser gratuito. La dispersión y tamaño de la propiedad, su extensión en buena parte del país, la diferencia de cultivos y las diferentes formas a través de las cuales se expresa la carencia de agua, requieren de políticas públicas que se traduzcan fundamentalmente en inversiones mayores al mediano plazo, que aseguren la disponibilidad del recurso que permita la expansión de la actividad.

Hay iniciativas que tienen un gran potencial para constituirse en un soporte seguro, como la concesión de plantas desaladoras. El MOP ha acogido como iniciativa de interés público, por primera vez, un proyecto de desalación multipropósito en la Región de Coquimbo. Si se demuestra su viabilidad y se estructura una forma de recuperar esa inversión, a través del pago de los usuarios del agua, se podría replicar esa propuesta en otras regiones y contribuir así a contrarrestar el déficit de agua para la expansión de la industria agroalimentaria.

De esta forma, se podría dar origen a una política pública de dotación de agua para zonas de carencias a través del sistema de concesiones, en la que, quienes se beneficien directamente por las prestaciones de la infraestructura que el Estado pone a su disposición, paguen por ella.