Concesiones post pandemia

Carlos Cruz

La crisis económica que comienza a afectarnos se está expresando en cuestionamientos políticos mayores a quienes tienen la responsabilidad de conducir al país. No se entiende de otra forma la decisión del Congreso de apoyar la medida que involucra la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de las AFP, y que va en contra tanto de los intereses de quienes harán uso de ese supuesto beneficio, como de quienes seguirán apostando por el incremento en sus fondos de retiro para asegurarse una mejor jubilación.

Si hoy prevalecen decisiones de esta naturaleza, poco se puede esperar del apoyo que tenga en el Congreso la asignación de recursos en la próxima Ley de Presupuesto, que se discutirá en octubre. La tendencia será destinar todo lo posible a subsidios que alivien la situación económica inmediata de las personas, en desmedro de los recursos públicos que podrían ser asignados a otras inversiones.

Si a esto se agrega la menor recaudación pública derivada de la caída en la actividad económica, la expectativa de contar con recursos públicos para una campaña de inversión en vivienda e infraestructura pública que contribuya a recuperar niveles de actividad es baja, salvo que se recurra a modalidades agresivas de asociación con el sector privado.

En el caso de las concesiones de infraestructura pública que lidera el MOP, se requerirá de una revisión de fondo, tanto del impacto de la crisis en la industria, como de ciertos rezagos manifestados desde hace un tiempo.

En lo inmediato, la caída en la demanda de las carreteras, autopistas y aeropuertos concesionados es muy significativa. Algunos contratos tienen mecanismos de ajuste automático ante esta situación a través de la extensión en sus plazos, como consecuencia de su adjudicación por un cierto valor total de los ingresos demandados por el proponente al momento de presentar una oferta. Otros contratos a plazo fijo no tienen esa posibilidad de ajuste, y las pérdidas deberán ser absorbidas en su totalidad por el concesionario y sus financistas, de no mediar la disposición de la autoridad de buscar una solución, tal como ocurrió en crisis anteriores que escapaban a la responsabilidad de las empresas.

Aún es incierta la duración de la crisis y el período de recuperación, así como las características de la “nueva normalidad” que emergerá. En esas condiciones, pensar que todo el riesgo de demanda deberá ser absorbido por los concesionarios supondrá tasas de riesgo muy altas que impactarán en el cierre económico del contrato. Ante esto, el Estado deberá tomar la decisión de compartir una parte de ese riesgo a través de “seguros” de diferente naturaleza. Esto ya está sucediendo en países que han seguido de cerca los pasos de Chile en el desarrollo de esta industria y que aspiran a competir por los mismos recursos que podrían solventar un parte importante de la inversión privada en infraestructura pública que nuestro país necesita.

Para buscar soluciones que permitan a la industria de las concesiones desplegar su potencial, se requiere un acercamiento entre gobierno, empresas y financistas para diseñar un nuevo modelo que se adecúe más a lo que el país hoy espera de esta actividad. Al respecto, es necesario replantearse los riesgos que hoy incumben a la industria y que estos sean asumidos por quienes tienen más posibilidades de hacerse cargo de ello, en el entendido de que las inversiones llevadas a cabo a través del modelo concesional son del Estado de Chile y no privadas.