¿Avanzar hacia un sistema de seguridad social?

CECILIA CIFUENTES

La reforma de pensiones presentada por el gobierno en noviembre muestra escasos avances. A pesar de que los ministros del Trabajo y Hacienda han mostrado su disposición a negociar, hasta ahora no se han presentado indicaciones al proyecto que hagan efectiva esta disposición, considerando además las enormes complejidades legislativas de la derogación del DL 3.500, que recae en esa fallida lógica refundacional.

La ministra del Trabajo ha reiterado que está disponible para modificar la propuesta de reforma, siempre y cuando “avancemos hacia un sistema de seguridad social que contemple la solidaridad”, lo que no pasaría de ser una consigna con poco fundamento. Chile tiene ya un sistema de seguridad social con un fuerte componente solidario, sin duda el mejor de la región, en términos no sólo de pensiones, sino también de cesantía, accidentes del trabajo, salud, crédito social y beneficios laborales, que cubre en forma bastante satisfactoria a los trabajadores formales.

“Es perfectamente posible establecer solidaridad con cuentas individuales, mediante registros del ahorro individual diferenciados en función del ingreso o el género, permitiendo transferencias intrageneracionales”.

Por supuesto, tenemos el desafío de reducir el significativo y creciente problema de informalidad y de evasión de cotizaciones, aspecto que el proyecto de ley no aborda.

Si tomamos los criterios de la OIT en materia de seguridad social, el objetivo de un sistema de pensiones es evitar la pobreza en la vejez, considerando además que una persona con 45 años cotizados debería alcanzar una tasa de reemplazo de 60%, y alguien con 20 años de cotizaciones, una tasa de reemplazo de 30%. Por lo tanto, aunque es necesario aumentar la tasa de cotización, nuestro sistema de pensiones cumple los requisitos de un sistema de seguridad social. De hecho, luego de la aplicación de las PGU somos el único país de nivel de ingreso similar al nuestro que está en condiciones de asegurar una pensión solidaria equivalente a la línea de pobreza en forma universal.

¿Por qué, entonces, esa idea de “avanzar hacia un sistema de seguridad social”? La respuesta habría que buscarla en ciertas definiciones ideológicas. Para el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, “no tenemos un sistema de seguridad social en Chile, sino un sistema de ahorro forzoso que fortalece al mercado de capitales”. Para otros, la definición de seguridad social exige la participación exclusiva del Estado en la provisión de los servicios.

Parecen ser estas las definiciones que inspiran los dichos de la ministra, pero que no pasan de ser eslóganes. Esto, porque está demostrado que, dada la demografía, un sistema de ahorro es superior a un sistema de reparto en términos de pagar mejores pensiones, precisamente porque si las cotizaciones van al mercado de capitales no sólo logran mayores retornos, sino que también contribuyen a más y mejores empleos a través del financiamiento de la inversión.

Por otra parte, el componente solidario del sistema se multiplicó por 2,5 veces en términos reales entre 2018 y 2022 producto principalmente de la PGU. ¿Es posible avanzar hacia mayores niveles de solidaridad? Por supuesto que lo es, pero teniendo en consideración que, dado el significativo avance que generó la PGU, es muy relevante considerar también a las futuras generaciones en la ecuación. Es perfectamente posible establecer solidaridad con cuentas individuales, a través de registros del ahorro individual diferenciados en función del ingreso o el género, permitiendo transferencias intrageneracionales, y por lo tanto, sostenibles en el tiempo.

En definitiva, los acuerdos en materia de pensiones parecen perfectamente viables, si dejamos de lado las consignas y nos concentramos en los objetivos de política pública.