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Alto contrasteDe acuerdo a las disposiciones legales, cada tres años o cada vez que el gobierno modifique el AUGE las Isapres deben informar a la Superintendencia de Salud el precio que cobrarán por las nuevas coberturas contempladas en las Garantías Explícitas en Salud o AUGE. Dicho precio deberá ser informado por la Superintendencia a través del Diario Oficial y se presumirá de derecho que los afiliados han sido notificados del precio, desde la referida publicación. Tal precio tiene la particularidad que debe ser el mismo para todos los afiliados, sin distinción de sexo o edad y que se mantendrá fijo mientras no se modifique el AUGE.
El presente año, la autoridad agregó once patologías de alta complejidad y modificó al menos el 80% de las 69 patologías existentes. El propio Ministerio de Salud, y de acuerdo a lo que señala la ley, determinó a través de estudios realizados por terceros que su valor teórico, con base a estándares de hospitales públicos, sería de 0,31 UF al mes por beneficiario. Desde esa perspectiva y de un creciente uso del AUGE en el sistema Isapre, el que se ha incrementado casi 400% desde su creación, las Isapres informaron un precio promedio para los próximos tres años para el nuevo AUGE de 0,32UF, con atención en la red privada de salud.
A pesar de que el precio cobrado por las Isapres es casi idéntico al pronosticado por la autoridad, y que los estándares de atención y oportunidad son muy superiores en el sistema privado, miles de personas motivados por abogados que se benefician de esta situación, recurrieron a los tribunales alegando disconformidad por el alza que se les aplicó al valor del AUGE. Entiendo la molestia que causa cualquier tipo de reajuste en cualquier materia, pero los usuarios y los tribunales deberían comprender, que el AUGE80 representa objetivamente más servicios que su versión anterior, que sólo contemplaba cobertura para 69 patologías y que, por lo tanto, tendrá necesariamente mayores costos.
Sin embargo, ya un reciente fallo en Rancagua le dio la razón al reclamante por considerar que la Isapre violó sus derechos constitucionales al reajustar la tarifa del AUGE. No se entiende, entonces, cómo se pretende que sea viable una institucionalidad a la cual se le exige por ley la entrega de mayores servicios, sin que pueda ajustar sus tarifas para compensar los costos de dichas nuevas prestaciones. Habrá que ver cómo evolucionan los fallos de los reclamantes que restan, porque de eso puede depender la viabilidad futura de este sector asegurador, puntal necesario para el desarrollo de la medicina moderna y de las políticas de salud del gobierno. Finalmente, habrá que observar que el AUGE actual contiene los mismos atributos que se busca en el Plan Garantizado de Salud que se discute en el Senado, esto es tarifa plana para todos por igual. Por lo tanto, si al AUGE se le niega su financiamiento a través de los fallos de los tribunales, tampoco se ve futuro para el plan garantizado de salud, contemplado en el proyecto de ley que el gobierno tramita en el Senado.
