En el año 2008 se envío el proyecto de ley tendiente a implementar la televisión digital terrestre (TDT) en Chile. La aprobación de un proyecto más bien técnico cayó en un sinnúmero de problemas dadas las diferentes materias que comenzaron a formar parte, propuestas por varios grupos de interés. Es decir, lo que partió para implementar una norma esencialmente técnica, derivó en una actualización y modificación de nuestra Ley nº 18.838 sobre el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Este mismo Consejo, más otros representantes de la sociedad civil, fueron creando un caos de intereses, sumado a las exigencias de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos a través de las entidades de gestión colectiva, terminando en un verdadero circo que nos ha dejado cinco años sin tv digital.
Uno de los temas más criticables en la ley es la causal de pérdida de la concesión digital por no respeto a la ley de derecho de autor y a la ley de los actores. En la nueva ley, por un claro lobby de los actores, el no pago de los derechos de remuneración implica la eventual pérdida de la señal cuestión que no existe en ningún otro concesionario (por ejemplo en las radios). La medida es totalmente discriminatoria.
Los contenidos -en señales abiertas o pagas- serán fiscalizados como nunca por el CNTV, que a través de sanciones tendrá un control editorial muy efectivo. En cuanto a la retransmisión consentida, se establecerá el derecho a cobrar, por parte de las señales abiertas a la tv paga, por la redifusión de sus señales.
Sobre el must carry (obligación de llevar señales comunales o regionales tanto a la tv abierta como en la de pago) se deja a las empresas satelitales en el mismo saco que los operadores por cable, que técnicamente no tendrían restricciones de canales para llevar, lo cual es bastante llamativo ya que incluir en su señal un canal obligatorio para el satélite puede costar millones de dólares, mientras que para un operador de cable, el costo es casi nulo.
En conclusión, el deseo de ver a Chile jugando el mundial en HD tiene más consecuencias de lo que parece. En el proyecto aprobado hay riesgos para la libertad de expresión como también la vergonzosa protección, del todo inconstitucional, de grupos de interés minoritarios, como los actores, en lo que significa la mayor modificación al sistema regulatorio de la televisión chilena en más de 20 años. Falta ver qué resuelve el Tribunal Constitucional.