Al debe con la Ley de Inclusión laboral

Si bien la promulgación de la Ley Nº 21.015 representa un avance en materia de inclusión de personas con discapacidad en nuestro país, en el CEDIS (Centro para el Desarrollo de Iniciativas Sociales) del ESE Business School, vemos con preocupación la ralentización en la implementación de la Ley. En la misma línea, los datos del Informe de Evolución de la Ley N°21.015, correspondiente al período febrero 2020 a febrero 2021, elaborado por Fundación ConTrabajo, señala que la crisis económica generada por la pandemia por COVID-19 produjo una desaceleración de este tipo de contrataciones.

La demanda de oportunidades de empleo para aquellas personas con discapacidad no es un tema nuevo. Por el contrario, ha sido uno de los puntos importantes en las reivindicaciones sociales de los últimos años. Teniendo mayor importancia desde la segunda mitad del siglo XX, al menos en los países europeos y Estados Unidos.

América Latina no ha estado ajena a estos debates y Chile se hizo cargo del tema el año 2018, cuando se promulgó la ley. Esta, exige a todas las reparticiones del Estado, Fuerzas Armadas, organismos públicos y a empresas con 100 o más trabajadores, reservar el 1% de su plantilla para trabajadores con discapacidad.

El Informe, destaca que en nuestro país 12.202 empresas tienen la obligación de cumplir con la norma, abriendo 59.203 potenciales cupos de trabajo para personas con discapacidad. Sin embargo, el número de trabajadores que se encuentran con contrato laboral vigente llega a 20.076, lo que corresponde a un 33,9% de la cuota legal de contratación que exige la Ley N°21.015.

Estos números muestran una desaceleración en el cumplimiento de la norma durante el 2020, al registrarse una caída del 33,5% en la contratación de personas con discapacidad, en comparación al 2019, lo que estaría relacionado no solo a los efectos económicos de la pandemia, sino además a una falta de prioridad en esta materia por parte de las empresas que no cumplen.

Por otro lado, vemos como la tasa de despidos bajo la Ley de Inclusión Laboral, es más alta que su propio cumplimiento, pues de los 32.334 contratados registrados desde la puesta en marcha de la norma, 11.206 contratos han sido terminados. Esto evidencia que aún hay dificultades para lograr una inclusión laboral efectiva y que permanezca en el tiempo.

Como sociedad en general, pero como sector empresarial en particular, estamos llamados a hacernos cargo de incorporar a todos aquellos que quieran insertarse en el mundo laboral a hacerlo.

La frecuente excusa: "como empresa no tenemos el expertise para hacer una buena inclusión" no solo no es válida, sino que socialmente es cada vez más inaceptable.

Hoy existen numerosos apoyos para hacer una buena inclusión laboral, como lo está haciendo la Fundación Contrabajo.

En el caso particular de esta fundación, ellos son capaces de identificar aquellas personas discapacitadas disponibles para integrarse al mundo laboral y además, ayudar a las empresas con un proceso serio de inclusión determinando cuáles son los factores que optimizan e incrementan la empleabilidad de esas personas.

El llamado urgente es a no solo cumplir con la ley de inclusión, que está en línea con una nueva ética exigida a las empresas; sino que a promover en la cultura organizacional estos nuevos valores basados en la igualdad de oportunidades para todos. Lamentablemente, como lo muestran las cifras, muchas empresas chilenas siguen "al debe" y sería deseable que ellas trabajen esta prioridad social antes que una nueva ley, más gravosa, tenga que hacerlo por ellas.