Acuerdo CUT-CPC: avance en la calidad de las relaciones laborales

No es una exageración cuando la CUT califica de “histórica” la Declaración de Voluntades que firmó con la CPC. Tampoco lo es, decir que el acuerdo abre a la sociedad chilena a un nuevo paradigma en las relaciones laborales.

La señal que ambas dirigencias dan a sus bases sobre la necesidad de reconocerse mutuamente como interlocutores válidos, más allá de sus diferencias es un importante avance. Nada más saludable que superar el viejo discurso empresarial que demonizaba a los trabajadores organizados y la añeja costumbre de estos de descalificar a priori la intención de los empleadores. Valoramos que concuerden en “fomentar la actividad sindical y generar más espacios para el fomento de la sindicalización”. Destaca también, la apuesta hecha hacia la negociación y el diálogo como base de la relación laboral, mostrando su voluntad de hacer de la interlocución no un evento, sino una práctica.

Aún más sintomático, es que se concuerde en que la negociación colectiva constituye “la principal herramienta a través de la cual se canaliza el diálogo social entre trabajadores y empleadores”. En un país en que menos del 10% de los colaboradores realiza esta práctica, esta declaración es un profundo giro en las relaciones laborales.

Ambos sectores fueron capaces de converger en una visión de Chile, que releva la importancia de un “trabajo decente y empresas sustentables en un contexto de crecimiento económico inclusivo y equitativo”. En economías desarrolladas, las buenas condiciones laborales son cruciales para la sustentabilidad de una compañía en el largo plazo. En esta línea, podríamos afirmar que el crecimiento, si no es inclusivo y equitativo, no es desarrollo.

Las medidas que apuntan a la protección del empleo en tiempos de crisis, a una mayor seguridad en el trabajo y a mejorar la inserción laboral de la mujer son clave para avanzar en ese camino.

Por último es un gran avance que ambos sectores coincidan en una institucionalidad acorde con las nuevas dinámicas del mercado laboral, en el que el rol del Estado es vital para proteger a un trabajador inserto en una economía de alta rotación y cada vez más exigente en materia de competencias laborales.