Acuerdo Codelco–SQM: ¿Hacia un nuevo capítulo en nuestra historia?

Claudia Sarmiento

Parte de la doctrina constitucional concibe el orden público económico como uno donde la actividad del Estado empresario se erige en estricta oposición a la de los particulares. Más aún, hasta hace poco la idea de que pudieran existir alianzas que superaran la dicotomía entre lo público y lo privado era mirada no solo con suspicacia, sino con abierto rechazo. Hasta ahora.

El 27 de diciembre, Codelco anunció que, después de meses de trabajo con la empresa SQM, alcanzaron un entendimiento para la explotación conjunta del litio, en un ejemplo claro de la posibilidad de colaboración a gran escala entre el mundo público y privado. El acuerdo supone una nueva forma de producción de litio con una mirada sostenible en lo medioambiental y en lo humano, al proyectar un modelo de producción que resguarda el agua y la naturaleza e involucra al Consejo de Pueblos Atacameños. En esta nueva sociedad, la propiedad será de un 51% de Codelco y un 49% de SQM.

“(El acuerdo) desafía paradigmas obsoletos sobre el rol del Estado empresario”.

El acuerdo solo es posible ya que Codelco desde su creación se comporta esencialmente como un privado, al establecerlo así el artículo 25 del DL 1350. Esta norma legal se inserta en un contexto constitucional que garantiza a los particulares que el Estado Empresario se comportará como un actor del mercado sin beneficios que puedan dar espacio a situaciones de arbitrariedad. Luego, Codelco debe competir en igualdad de condiciones, lo que le exige actuar de forma eficiente y eficaz para ser económicamente viable. Adicionalmente, su sujeción al derecho común le permite contratar con mayores grados de libertad que si fuera un servicio público sometido a las reglas de administración financiera del Estado.

Este elemento de competitividad, eficiencia y eficacia no debe darse por sentado en las empresas del Estado, sino que debe ser reforzado y complementado con formas racionales que garanticen la transparencia y probidad sin mermar su capacidad operativa. En este sentido, la alianza con el mundo privado puede ser un elemento dinamizador de estas características, al ser supuestos necesarios para cualquier empresa exitosa.

La implementación de este inédito acuerdo no estará exenta de bemoles, pero eso no hace menos atractiva esta apuesta. No solo porque desafía paradigmas obsoletos sobre el rol del Estado empresario, dando cuenta de la capacidad de adaptación de las empresas privadas, sino porque puede ser un ejemplo para acelerar el desarrollo de otras áreas económicas. Por ejemplo, en los procesos de desalinización, los que recientemente cuentan con una nueva normativa a propósito de la publicación de la Ley 21.639 sobre proyectos de infraestructura hídrica y desalinización, con el fin de destinar agua al cumplimiento de la función de subsistencia de riego.

Cómo continúe esta alianza, redundará en la posibilidad de que Corfo –a través de otras empresas públicas– pueda cruzar las barreras ideológicas y tejer alianzas impensadas en favor del crecimiento del país, abriendo paso –tal vez– a un nuevo capítulo en nuestra historia.