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Alto contrasteRecursos para fundaciones: hilando más fino
Señor Director:
La obligación de concursabilidad para todas las transferencias de recursos del Estado a instituciones privadas sin fines de lucro, incorporada en la Ley de Presupuesto 2024, sin duda es un gran paso para avanzar en transparencia y probidad, permitiendo que distintas organizaciones puedan acceder a fondos, aumentando la participación ciudadana y mejorando el ejercicio de la corresponsabilidad social.
No obstante, es importante tener en cuenta la variedad de situaciones que precisan estas asignaciones para responder a necesidades apremiantes de la población más vulnerable del país. Para estos casos, sería razonable establecer excepciones, resguardando el cumplimiento de las normas de buen uso de los recursos públicos, que no pongan en riesgo la continuidad, alcance o estándar de la cobertura.
Aplicar una única norma ignorando la complejidad de las necesidades que se atienden, la diversidad de territorios, y la heterogeneidad entre las propias organizaciones, sería perjudicial para la población que requiere apoyo.
Aumentar la transparencia es sin duda una meta urgente. Hacerlo sin perjudicar a quienes necesitan el trabajo de la sociedad civil y las mismas organizaciones, es un desafío que requiere fórmulas consistentes con la realidad de nuestro país.
Hans Rosenkranz
Director ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias
