Cartas al Director

Mutuales y columna de intendenta

Señor Director:

En relación con la columna de opinión suscrita por la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, señora Pamela Gana, titulada “Más transparencia en las Mutualidades: derribar mitos y mejorar credibilidad”, publicada en la edición del día 14 de octubre pasado, quisiéramos hacer algunas aclaraciones:

1.- El sistema privado de Mutualidades de Empleadores (ACHS, Mutual de Seguridad de la CChC e IST) está compuesto por corporaciones de derecho privado sin fines de lucro que cumplen una destacada función social, conforme a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (16.744). Este sistema protege a cerca de 5 millones de trabajadores, posee una amplia red de profesionales ligados a la prevención de riesgos laborales, otorga prestaciones económicas a sus afiliados y provee atenciones médicas de alto nivel a lo largo del país, entre otros beneficios. Su gestión es liderada por Directorios paritarios, con igual número de representantes de las empresas adheridas y los trabajadores afiliados al sistema, de conformidad a la legislación vigente, y se administran bajo estándares de Gobiernos Corporativo elevados. En efecto, sus estructuras de gobierno incluyen, entre otros aspectos, el funcionamiento de Comités de Directorio que cuentan con la asesoría permanente de profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional en sus respectivas materias de especialización (auditoría interna, gestión de riesgos, inversión de reservas, etc).

2. Desde hace ya varios años, y no a contar del año 2017, como lo señala la referida columna, las Mutualidades de Empleadores han implementado numerosas medidas, mayoritariamente por la vía de la auto-regulación, tendientes a contar con una estructura de Gobierno Corporativo que permita cumplir con los fines de dichas instituciones, en un marco de transparencia, probidad, eficiencia e impacto social. Lo anterior ha sido constatado por la Superintendencia de Seguridad Social en el marco de múltiples fiscalizaciones llevadas a cabo en los últimos años. Más aún, alguna de estas instituciones han obtenido números reconocimientos nacionales e internacionales en esta materia.

3.- La mencionada Superintendencia ha comprobado, en los hechos, que las Mutualidades de Empleadores jamás se han negado a proporcionar los antecedentes que la autoridad les solicita en los más diversos ámbitos de fiscalización (procesos de contratación de servicios, participaciones en otras entidades, dietas de Directores, remuneraciones de ejecutivos u otros), con los resguardos que corresponden de conformidad a la legislación vigente.

4. Por lo anterior, no entendemos la motivación de la mencionada columna, salvo propósitos no necesariamente vinculados al dominio estricto de la regulación. Podríamos comprender que una persona ajena al sistema mutual emita una opinión de esta índole, producto de su posible desconocimiento, pero nos resulta incomprensible que la misma autoridad que ha regulado y fiscalizado intensamente a las Mutualidades de Empleadores en los últimos años haga ese tipo de juicios.

Ernesto Evans
Presidente de la Asociación de Mutuales

Delincuencia

Señor Director:

No hay que subestimar la opinión de los chilenos. Que la delincuencia sea el problema más preocupante del país no es en vano. Algunos ignoran este hecho. Se jactan de la seguridad del país invocando estudios como los de Índice de Paz Global, sin embargo, sus indicadores solo hacen referencia a la tasa de homicidios, guerras, actos terroristas y la envergadura militar-policial. ¿Cómo íbamos a ser un país inseguro con esos irrisorios indicadores? En Chile, los delitos contra la propiedad son el gran problema, sin desmerecer el daño social de otras categorías de delitos. La gravedad del panorama radica en que 6 de cada 10 personas que fueron robadas y hurtadas no denunció tal situación; muchas encuestas solo toman en cuenta los delitos registrados. Esto no es todo. En 2014, de los robos y hurtos que fueron denunciados, solo un 7% y 12%, respectivamente, fueron condenados. Actuar y pensar como si existiese tal nivel de seguridad tendrá graves repercusiones políticas.

Daniel Castillo Carrillo
Estudiante de Derecho PUCV