Hacia un nuevo sistema de pensiones

Álvaro Gallegos

La capitalización individual ha fracasado rotundamente: sus pensiones no permiten a adultos mayores e inválidos satisfacer los gastos propios de la vejez y llevar una vida digna. Dramático es el caso de las mujeres, a cuyas desventajas laborales y culturales se suman reglas discriminatorias por género del sistema.

Es indispensable retirar las lógicas de mercado del sistema de pensiones y avanzar hacia un sistema de seguridad social público, solidario y tripartito, con equidad de género. Es necesario reconocer el derecho de toda persona a prestaciones sociales e instaurar un sistema moderno de capitalización colectiva con reservas técnicas y beneficios definidos. Su base estará en los principios rectores de la seguridad social, como la participación, la solidaridad, la universalidad, la igualdad, la equidad o uniformidad en el trato, la integralidad y suficiencia de las prestaciones, así como la unidad en su gestión.

El derecho a la seguridad social tendrá que ser explícito en la Nueva Constitución, como ocurre en más de 100 países, definiendo el marco institucional. La reforma buscará tres objetivos principales: entregar pensiones dignas que garanticen no caer en la pobreza y proteger ante la invalidez, dar certeza respecto de los derechos de pensión y contar con sostenibilidad financiera.

El nuevo sistema se sostendrá sobre tres pilares: uno no contributivo, financiado por el Fisco; uno contributivo voluntario a base de aportes individuales o colectivos pactados entre empresas y sindicatos; y uno contributivo obligatorio, financiado mayoritariamente por los empleadores, con un objetivo de contribución a 10 años plazo de 20% del salario.

Una nueva institucionalidad, liderada por una agencia pública, velará por la sostenibilidad financiera y actuarial de largo plazo, adecuando los parámetros clave. Se separará la gestión de inversiones de la operación de cuentas, que se centralizará y sus funciones podrán delegarse. Trabajadores y pensionados tendrán voz a través de un órgano consultivo.

Se creará una Comisión de Inversiones para cuidar, no sólo de la seguridad y rentabilidad de los fondos, sino también el respeto de los criterios ESG. La cartera de inversiones se reorientará, apoyando el empleo decente y el desarrollo inclusivo y sostenible. La transición no afectará la propiedad de los trabajadores sobre su ahorro previsional y ellos serán libres de trasladar el fruto de su esfuerzo al nuevo sistema.

Mientras se legisla la reforma estructural, deben abordarse con urgencia y apoyo político transversal situaciones apremiantes, como reemplazar la actual Pensión Básica Solidaria por una Pensión Básica Universal; descartar las tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo, proscritas en el mundo desarrollado y factor de la inequidad de género; trasladar el riesgo de longevidad al Estado a partir de un tope de edad; flexibilizar los requisitos de acceso a Pensión Anticipada y a Excedente de Libre Disposición; y asegurar que el futuro aporte patronal vaya a un fondo colectivo solidario.