DF tax | Exenciones: la carreta antes que los bueyes

Gert Greve

En todos los procesos de reforma tributaria que ha vivido Chile en los últimos años se ha discutido, a distintos niveles, sobre las exenciones de nuestro sistema. Ya sea por la necesidad de obtener ingresos fiscales permanentes para enfrentar las demandas sociales crecientes, o bajo la presión económica inmediata para superar una crisis en específico, como la pandemia actual o el terremoto del 27-F.

Cada vez que se levanta esta discusión, se repiten desde las distintas veredas políticas similares argumentos tanto a favor como en contra de dichas exenciones. Nada extraño, pues la polémica es propia de una discusión como ésta. Lo que sí es de extrañar es de lo que carece: datos.

El sistema tributario de una democracia debe ser construido sobre principios como el de igualdad, neutralidad, simplicidad y suficiencia, los cuales ceden unos frente a otros dada la preferencia de la ciudadanía. El establecer exenciones modifica este marco general, favoreciendo a algunos o perjudicando a otros.

A partir de lo anterior, establecer exenciones supone un acuerdo de la comunidad para desviarse del sistema general con el objeto de incentivar o desincentivar algún tipo de actividad o conducta por razones tributarias o extra tributarias. En este sentido, las exenciones requieren de un análisis acabado que permita justificar su implementación, en tanto se alejan del marco de referencia, y también su constante evaluación, para verificar que cumplan el objetivo por el cual fueron introducidas.

De ahí que el problema más grave de nuestro sistema tributario es que no tenemos información suficiente sobre nuestras exenciones. La situación es tan desalentadora, que el informe de la OCDE y FMI de octubre de 2020 sobre gasto tributario señala que Chile no tiene correctamente definido su sistema de referencia, que no existe un catastro de exenciones y, por tanto, no hay control sobre los efectos -tanto tributarios como extra tributarios- de las mismas. En palabras simples, estamos a ciegas.

Con tan aplastante informe, sorprende la facilidad con la que la discusión se vuelve a surgir en los mismos términos de antaño, sin mayores cambios.

Considerando esto y antes de que cada uno tome palco para reiterar sus argumentos, ¿no será mejor hacer el trabajo e implementar las medidas necesarias para contar con los antecedentes que permitan evaluar rigurosamente los efectos de las exenciones y hacer política tributaria de forma seria?

¿A quiénes benefician? ¿Cuánto nos cuestan? ¿Cumplen su objetivo? Éstas son las primeras preguntas que deberíamos contestar, las que no solo elevarían la discusión tributaria, sino también permitirían informar a la población, otorgando mayor legitimidad a nuestras instituciones.