CMF instruye a Clínica Las Condes a justificar criterios para valorizar ingresos y provisiones en sus estados financieros
Organismo solicitó a CLC que “señale explícitamente” el efecto de los pagos pendientes que mantiene con Fonasa –cifrados en $ 30.580 millones- y profundice en general su información sobre deudas por cobrar.
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Compleja se anticipa la próxima entrega de resultados de Clínica Las Condes (CLC) correspondiente al tercer trimestre en curso. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) realizó un conjunto de observaciones a los estados financieros de la institución a junio pasado que apuntan principalmente a los criterios que utilizó para determinar aspectos clave de ese balance como el cálculo de partidas importantes de los ingresos y el establecimiento de provisiones por incobrables.
En relación al balance de los primeros seis meses de este año -en el cual la clínica obtuvo utilidades por $ 14.831 millones- la entidad de reguladora instruyó a CLC la entrega de información detallada sobre su gestión de riesgos financieros en cuanto a la composición de los cargos por facturar; en materia de evaluación de los activos financieros por la situación de las cuentas por cobrar; en reconocimiento de ingresos para precisar el tipo de prestaciones asociadas y sus fuentes de pago, y respecto de la provisión de incobrabilidad pidiendo que explique en qué consistió la actualización de su "modelo de estimación de deudores por cobrar".
El foco del oficio enviado el 10 de septiembre pasado está puesto en los efectos financieros que ha tenido la actividad de CLC realizada en el marco de la pandemia y en la contingencia que implica el pago pendiente de Fonasa a servicios prestados a pacientes Covid-19. En la actualidad, estas partidas están judicializadas en una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco que CLC interpuso ante el Primer Juzgado Civil de Santiago el 29 de junio pasado por esas prestaciones por un monto total de $37.866,5 millones, de los cuales $ 30.580 millones corresponden al no pago de atenciones de personas derivadas desde la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) que administra el Ministerio de Salud al 31 de mayo pasado.
Sobre estas acreencias, el informe de auditoría de Deloitte al estado de resultados a junio pasado indicó que no se habían constituido provisiones por riesgo de pérdida basada en la estimación de éxito de la señalada demanda de acuerdo al análisis jurídico de la administración y sus asesores legales. "Los abogados externos que patrocinan el juicio estiman que las probabilidades de obtener un resultado favorable en el juicio son elevadas, toda vez que la acción jurisdiccional y su régimen de responsabilidad se encuentran expresamente previstos en la ley, dando lugar a la indemnización de perjuicios directos en contra del Fisco", se indicó.
Sin embargo, este análisis no fue compartido por la totalidad del directorio de CLC, ya que Juan Enrique Allard y Christian Traeger - miembros ajenos al controlador (el grupo Auguri, ligado a la empresaria Cecilia Karlezi)- rechazaron firmar el estado de resultados a junio. Fuentes que conocen el caso han señalado que esos reparos se centraron en la decisión de considerar las cuentas por cobrar como ingresos y en el hecho de no haber realizado provisiones por esas acreencias.
Los puntos de la CMF
Junto con indicar que sus observaciones "deberán ser consideradas en la preparación de la información financiera referida al 30 de septiembre de 2021 y posteriores", la CMF instruyó a la CLC en cuanto "señalar explícitamente los efectos que han significado para la sociedad el que Fonasa se ha resistido a cumplir con sus obligaciones de pago, como así también el impacto de esta situación en la determinación de la estimación de las pérdidas crediticias esperadas de esas cuentas por cobrar".
Al profundizar en este punto, el organismo pide que se señalen los criterios para reconocer los ingresos por prestaciones asociadas a Covid-19, separando las prestaciones hospitalarias, ambulatorias y por tipo de deudor (empresa, Fonasa, isapre y particular) e informando de "forma detallada los criterios utilizados para la valorización y el reconocimiento del ingreso".
La CMF también entra en las implicancias de la demanda de CLC contra el Fisco pidiendo que explicite el efecto que ha tenido la valorización de los pagos a las atenciones a pacientes Covid –que opera con tarifas estructuradas por el sistema de Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) que aplica el Estado- en relación al total de montos por cobrar, y que la propia clínica ha señalado que serían un 50% inferiores a sus costos.
La instrucción de la CMF también incluye varios puntos dedicados a aclarar los lineamientos en materia de provisiones de incobrabilidad, pidiendo señalar en qué consistió la actualización del "modelo de estimación de deudores por cobrar, y si al respecto se realizaron ajustes a los estados financieros".
En detalle, en relación a la matriz usada en el balance de CLC para las cuentas por cobrar pide "especificar los distintos tramos y los porcentajes de provisión de cada tramo, y en particular informar el porcentaje de estimación de deterioro para las cuentas por cobrar a Fonasa".
También instruyó la apertura de la información del ítem de prefacturas y cargos por facturar de los deudores comerciales "señalando detalladamente la composición de dicho saldo, e identificando las prestaciones a Fonasa por atenciones producto de la pandemia y otras prestaciones", y añade la misma exigencia para las partidas "segmento operativo" y "antigüedad de los deudores".
Asimismo, la CMF solicita la apertura de los datos sobre el saldo del ítem "Estimación deudores incobrables" de acuerdo a la misma segregación por segmento.
Justamente la evolución de las cuentas por cobrar de CLC y el impacto que han tenido en ellas los pagos pendientes de Fonasa, han estado en la mira del mercado luego de que en el primer semestre pasado este ítem totalizó $ 147.495 millones, con un alza de 36,4% en comparación a diciembre anterior. En ese marco, destacó la magnitud alcanzada por las obligaciones con una antigüedad mayor a un año, que saltaron de $ 6.231 millones a $ 40.211,4 millones en la misma comparación, lo mismo que el aumento del ítem prefacturas y cargos por facturar que pasaron desde $ 62 mil millones en junio de 2020 a $ 116 mil millones a igual mes del presente ejercicio.
No obstante, CLC mantuvo prácticamente igual su nivel de provisiones, que llegó a $ 10.138,2 millones a junio recién pasado.