Las observaciones y aprensiones de los líderes gremiales sobre la reducción de jornada

Ya es un hecho. El gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio del Trabajo, avanzará a paso firme en la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Para Jeannette Jara, futura ministra del Trabajo, se trata de una propuesta clave “que trasciende la coyuntura (...) y que, estamos seguras y seguros, avanzará además en productividad para nuestro país”.

Si bien la secretaria de Estado como otros integrantes del próximo gobierno han reforzado que la implementación de la medida será gradual, al interior del mundo empresarial persisten las preocupaciones, desde donde -en su gran mayoría- se insiste en que no es el contexto adecuado para implementar un esquema de trabajo de menos horas.

El resquemor, como lo plantea el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, pasa porque aún el país está en una etapa de recuperación de la actividad, con una economía que enfrenta desafíos –por ejemplo, en materia de inflación y de equilibrios fiscales– y con proyecciones bajas de crecimiento.

Al interior de la minería se comparte el diagnóstico. “La economía chilena se enfrenta a una fuerte desaceleración, luego de crecer 12% el año pasado. Para este año, el mercado proyecta un crecimiento del PIB en torno a 2% para el año 2022 (...) en este escenario, resulta poco oportuno abordar esta importante materia”, dice Diego Hernández, presidente de la Sonami.

Para el máximo dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, el nuevo gobierno debería enfocar sus esfuerzos en recuperar empleos formales y de calidad e implementar acciones que vayan en el camino de recuperar las confianzas y, por esa vía, la inversión.

Por lo demás, se trata de un cambio que presionaría los costos de producción, señala el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes.

En el caso del sector la leche, ejemplifica, al no poder realizar la misma persona todas las ordeñas del día, se debería contratar trabajadores para varios turnos.

Lo anterior, advierte, en un contexto de baja disponibilidad de trabajadores para suplir las menores jornadas.

El factor clave

En contraste con los reparos, y sin desconocer que el escenario económico actual es complejo, el presidente de la Sofofa, Richard Von Appen, considera que avanzar en la reducción de jornada “es un objetivo deseable”.

Pero, enfatiza, “debe hacerse de manera tal que no afecte a las pequeñas y medianas empresas y al empleo”.

Este factor es crucial en caso que la nueva administración active el cambio de 45 a 40 hora semanales.

Que se haga de forma paulatina, destaca Hernández, permite que las empresas se adapten en el tiempo al nuevo contexto y “contribuye a morigerar los efectos de la reducción de jornada en el mercado del trabajo”.

Coincidente, Von Appen agrega que junto a la gradualidad, es importante sumar a la discusión otros cambios, como la flexibilidad laboral. “No miremos a la jornada de 40 horas por separado. Mirémosla dentro de un conjunto de medidas que se hacen cargo de manera integral del nuevo mundo del trabajo y de las aspiraciones de las personas que desean compatibilizar familia y trabajo”, plantea.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, la progresividad debe ser igual para todos. “Sin diferenciación por sector ni tamaño, ya que eso discriminaría a los trabajadores de las empresas sujetas a gradualidad”, opina.

Desde Sistema B, organización sin fines de lucro que certifica que el propósito empresarial de una compañía es también socioambiental, sostienen que la reducción de la jornada no garantiza más productividad ni un mayor bienestar de los trabajadores por sí sola.

“El ofertón de las 40 horas es insuficiente si no hacemos política pública en serio”, expresa Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B.

A su juicio, se requieren políticas públicas y empresariales “serias, que busquen el desarrollo espiritual y material de los trabajadores (...) Considerar los altos tiempos de traslados, relocalización de trabajadores en plantas y comercios más cercanos a sus hogares cuando es posible”.

Mewes subraya que esta discusión debe realizarse con todos los actores. “El diálogo social ha dado mejores resultados en la elaboración de políticas públicas que las imposiciones desde la autoridad y es la mejor manera de avanzar para lograr una mejor calidad de vida para todos los trabajadores del país”, concluye.