Cambio constitucional y ley interpretativa se abren espacio para reponer titularidad sindical

Al interior del gobierno se mantienen las diversas interpretaciones sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato de la reforma laboral. Las discrepancias se extienden a nivel parlamentario. Sin embargo, en La Moneda y en las filas de la Nueva Mayoría concuerdan en una cosa: es “casi imposible” entregarle un rol preferente al sindicato en la negociación colectiva.

Por eso, el oficialismo explora diferentes salidas para materializar la titularidad sindical. Una, es una ley interpretativa del inciso quinto del artículo 19 N°16 de la Constitución, que aclare que si bien la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores (como lo resolvió el TC), éste se ejerce a través de los sindicatos, como lo recomienda la OIT.

Esta reforma, elaborada por la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y el senador integrante de la instancia, Juan Pablo Letelier (PS), requiere la aprobación de 3/5 del Congreso, un escenario plausible para la Nueva Mayoría: necesita sumar dos votos en el Senado e igual número en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, un senador de la DC advirtió que el fallo del TC “es bastante claro” sobre el precepto constitucional de la negociación colectiva, por lo que este proyecto -que fue presentado a la ministra Ximena Rincón- sería inviable.

Otro camino, más drástico, es una reforma constitucional del artículo 19 N°16 inciso quinto. Un grupo de senadores de la DC ya presentó un proyecto que busca asegurar que son los sindicatos -y no los grupos negociadores- los encargados de promover la negociación colectiva.

A ellos se podrían sumar las bancadas de la Nueva Mayoría en la Cámara, que estudian actualmente la misma fórmula.

Eso sí, una modificación de este tipo necesita de 2/3 del Parlamento, es decir, el oficialismo tendría que convencer a cuatro senadores y 10 diputados, ya sean independientes o de la oposición, bloque que votó en contra de la titularidad sindical en la reforma laboral.

La senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, sostuvo que el Ejecutivo debe “garantizar que el cumplimiento de los derechos colectivos se ejercen a través del sindicato, cuando existe uno en la empresa”, y que “no es lo mismo la negociación con los sindicatos, que con los grupos negociadores”. Agregó que a la DC “le gustaría mucho” el respaldo del gobierno al proyecto presentado por los senadores de la colectividad.

En el Ministerio del Trabajo consideran que ambas opciones, una ley interpretativa y reforma constitucional, son “atendibles”, aunque lo primero es tener un análisis completo del fallo del TC y definir la estrategia legislativa para “equilibrar” la reforma laboral, vía veto presidencial y ley corta. La tarea, que parece sencilla, ha vuelto más compleja de lo previsto.

“Una semana más”

En el comité político, en La Moneda, y en las reuniones de coordinación legislativa, en Hacienda y Trabajo, se escuchó el mismo mensaje: el gobierno se tomará esta semana para analizar el fallo del TC y sus implicancias en la actual legislación y en la reforma laboral.

Según comentaron parlamentarios, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría “retrocedido” en su análisis preliminar, sobre la titularidad que mantendrían los sindicatos para suscribir pactos de adaptabilidad. Esta visión estaría en sintonía con el análisis del Ministerio del Trabajo, donde alertan que los grupos negociadores podrían quedar, con el fallo del TC, en idénticas condiciones que los sindicatos. Así, podrían no sólo firmar convenios de flexibilidad laboral, sino que gozar de fuero sindical, derecho a huelga e, incluso, extender beneficios.

Eso sí, se mantienen “diversas interpretaciones” en La Moneda, según comentó una fuente de gobierno, lo que explicaría el tiempo que se están tomando el Ejecutivo para resolver los contenidos de la ley corta que “muy posiblemente” se presente en junio. Tanta es la incerteza que tendría el gobierno, que la Presidenta no pronunciaría “una palabra” sobre la reforma laboral, en su discurso del 21 de mayo.