Pese a fallo del TC, diputados seguirán adelante con el impuesto al patrimonio y la suspensión del cobro de las patentes comerciales

Las aguas siguen agitadas entre el Gobierno y el Congreso después que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera el requerimiento del Ejecutivo y declarara inconstitucional la reforma presentada por parlamentarios de oposición que establecía un segundo retiro de fondos desde las AFP. Ahora, diversos parlamentarios de oposición aseguran que seguirán adelante con una serie de proyectos que inquietan a La Moneda.

El listado incluye el impuesto al patrimonio, la reforma que permite el retiro de fondos de pensiones con rentas vitalicias y el que suspende el cobro de las patentes comerciales en 2021.

Leonardo Soto (PS) Integrante comisión constitución. Matías Walker (DC) Presidente comisión de constitución de la cámara. Daniel Nuñez (PC) Presidente comisión de hacienda de la cámara.

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), indica que no se afecta la tramitación de las iniciativas en curso y que "lo más complejo del fallo es que más que dar certeza jurídica, lo único que hace es dejar abierto el escenario con un fallo dividido sobre el ejercicio del poder constituyente derivado del Congreso. Los contornos van a estar en permanente discusión, no es algo que el TC haya zanjado".

A la espera de la redacción del fallo, el parlamentario advierte que deben estar atentos, "porque nadie impide -y eso es lo más complejo del fallo- que cualquier interesado recurra de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del ejercicio del primer o segundo retiro que están vigentes".

Para el diputado Leonardo Soto (PS), la agenda legislativa sigue adelante porque -en su opinión- la sentencia sólo tiene efectos sobre el segundo retiro de fondos y, por ende, no alcanza a proyectos de ley vigentes o del futuro.

"El TC es un órgano constitucional, técnico y de ninguna manera tiene el poder de la soberanía nacional, sus integrantes no son electos por voto popular y no tiene la obligación que sí tiene el Congreso de atender las aspiraciones y necesidades de los chilenos. El Congreso no puede inhibirse de ejercer sus facultades legislativas respecto a varios proyectos mientras exista respaldo social y apoyo parlamentario para esas iniciativas", afirma.

En la misma línea, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez (PC), no ve ningún motivo para paralizar la tramitación legislativa de otros cambios constitucionales -vía reforma- que considera "significativos".

"Debemos seguir adelante con estos proyectos y si el Gobierno veta el impuesto a los súper ricos y el presidente Piñera -como un incumbente- defiende su propia fortuna, lo tendremos que enfrentar en el TC. Eso puede tener un costo político demoledor para un mandatario con 7% de respaldo", advierte.

A su juicio, no es tan fácil que, si se aprueba el impuesto al patrimonio, el Gobierno acuda al TC. Y, en este punto, recuerda el precedente de la ley de la jibia, donde dijo que el Ejecutivo amenazó con un veto y con ir al TC y, al final, "no lo hizo frente a la presión social".

Mensaje a colegisladores

Para la expresidenta del TC, Marisol Peña, la gran lección del fallo para los colegisladores, que son el Ejecutivo y el Legislativo, es la "necesidad imperiosa de buscar acuerdos frente a normativas que están respondiendo al desafío de la pandemia".

En este contexto, llama a tener cuidado con la palabra precedente, pues a su juicio técnicamente no existe en el sistema chileno, en donde las sentencias judiciales obligan caso a caso. "Vale solo para el segundo retiro, pero no es menos cierto que aquí hay una doctrina o interpretación constitucional que debiera ser tomada en cuenta por los órganos colegisladores, Presidencia y Congreso, porque proviene -aunque a algunos no les guste-, desde el máximo intérprete de la Constitución hoy".

Peña adelanta que todas las mociones parlamentarias que de alguna manera sortean materias que son de exclusiva facultad del Presidente, y que pretenden ser aprobadas vía reformas constitucionales o disposiciones transitorias "creo que van a ser objeto de aquí en delante de reservas de constitucionalidad en el proceso legislativo para llevarlas, si es que no se produce acuerdo político, una a una al TC".