Exenciones y regímenes tributarios le costarán más de US$ 7.800 millones al Fisco el próximo año
En pleno debate sobre los ajustes tributarios, la Dipres proyectó el monto de los gastos tributarios para 2022. Cifra es superior a lo estimado para 2021 y lo encabezan ahorro e inversión (30%), fomento a las Pyme (16%), inmobiliario (14%) y el resto de los sectores (13,8%).
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Los ajustes a las exenciones y tratamientos tributarios especiales están en la discusión por estos días, luego de que el Gobierno propusiera recaudar US$ 1.100 millones de estos ítemes para financiar el aumento del Pilar Solidario que promueve la llamada ley corta de pensiones.
Hasta que dicha iniciativa legal no entre en vigencia, el Ejecutivo continúa tratando esos regímenes como menores ingresos fiscales. Dado lo anterior, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) realizaron una nueva proyección del denominado gasto tributario de cara a 2022, en el marco del diseño del erario para el próximo año.
Así, las entidades estimaron que los tratamientos diferenciados y regímenes especiales reducirán los ingresos públicos en US$ 7.803 millones en 2022, lo que equivale a un 2,26% del Producto Interno Bruto (PIB). El dato es un 14,5% superior a los US$ 6.811 millones que calculó el Ejecutivo para este año.
Según el reporte, el principal ítem que explica los menores ingresos se relaciona con el impuesto a la renta, con US$ 4.529 millones, equivalente a 1,31% del Producto. El dato es algo mayor que los US$ 4.015 millones previstos para este año.
De estos, US$ 1.497 millones corresponde a exenciones, US$ 1.333 millones a diferimientos del pago de tributos y US$ 1.020 millones a regímenes especiales. Montos menores representan los créditos a impuestos (US$ 417 millones), las deducciones (US$ 247 millones) y las tasas reducidas (US$ 14 millones).
La otra dimensión relevante en términos del gasto tributario se relaciona con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con US$ 3.196 millones -versus los US$ 2.725 millones de este año-, de los cuales US$ 2.271 millones corresponden a exenciones y hechos no gravados con el impuesto y US$ 678 millones a créditos del gravamen.
El tercer tópico en términos de magnitud está ligado al impuesto a los combustibles, de los cuales la totalidad de los menores ingresos fiscales (US$ 78 millones) se explica por devoluciones del tributo específico. La cifra es superior a los US$ 72 millones que proyectó el Ejecutivo para este año.
Las partidas más relevantes
Al ordenarlo por sector u objetivo identificado, el principal costo para el Fisco radica en el área de ahorro e inversión, con US$ 2.325 millones, un 30% del total.
Luego se ubican el fomento a las pequeñas y medianas empresas (PYME), con US$ 1.259 millones -un 16,1% del total- e inmobiliario con US$ 1.090 millones, un 14% del gasto tributario total.
En el otro extremo se encuentran los beneficios para el sector seguros (US$ 157 millones y 2% del total) y para los exportadores (US$ 1 millón y US$ 0,01% del gasto tributario).
La partida relacionada con la depreciación tributaria es la más cara para el Fisco, con US$ 842 millones, por sobre la tasa reducida a 10% para las empresas del régimen Propyme con US$ 674 millones y el crédito especial para construcción de viviendas con US$ 671 millones.
También destaca el beneficio para las ganancias de capital por ventas de bienes raíces hasta 8 mil UF, que le significarán al Estado menores ingresos por impuestos de US$ 489 millones.
En el detalle, Dipres y el SII calculan el costo de algunas de las exenciones que se busca eliminar o restringir en el marco del debate por la ley corta de pensiones, como la exención del IVA a servicios diversos (US$ 496 millones) y las rentas acogidas al beneficio de DFL-2 (US$ 382 millones).
El reporte nuevamente toma las recomendaciones metodológicas entregadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe encargado por Hacienda a fines del año pasado, que fue el insumo principal analizado por la comisión de economistas que sugirió ajustes a las exenciones y regímenes tributarios especiales.