Oro Blanco y Norte Grande rechazan entregar información y minoritarios acusan faltas a la ley

Por Maximiliano Villena



Si la junta de accionistas de Nitratos, el miércoles, ya había sido tensa, los ánimos estuvieron definitivamente encendidos ayer en la cita de los accionistas de Oro Blanco y Norte Grande.

La confrontación estalló luego de que los directores de las compañías se negaran a entregar la información solicitada por los accionistas minoritarios sobre las operaciones de compra y venta de acciones, y de financiamiento entre las sociedades cascadas.

La negativa se fundamentó en un informe legal encargado a Enrique Barros que señala tajante que “el directorio no está obligado, y por el contrario, está legalmente impedido de entregar a conocimiento de la junta extraordinaria de accionistas, información relativa a la compañía adicional a aquella que ha sido oficialmente divulgada al mercado”.

La disputa de ayer se enmarca dentro de la intensa confrontación que mantienen Moneda y las AFP contra Julio Ponce por una serie de operaciones entre las cascadas que, según los minoritarios, habría perjudicado el valor de las acciones de dichas sociedades.

Junto al informe de Barros, el directorio de Oro Blanco y Norte Grande también solicitaron la opinión legal de Francisco Pfeffer, la que también respaldó el rechazo a informar.

Además de no entregar la información, las dos junta extraordinarias -con el voto en contra de los minoritarios- también rechazaron entregar dicha información a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y tampoco se acordó volver a citar a nuevas juntas extraordinarias, lo que también formaban parte de la tabla.

Por ello, durante la junta de Norte Grande, el representante de Moneda señaló que “la ley de sociedades anónimas es especialmente rigurosa en cuanto obliga a que las operaciones relacionadas sean sometidas a requisitos especiales para su celebración, incluyendo dar noticia a sus accionistas. Moneda, las AFP y otros accionistas minoritarios llevamos once meses solicitando conocer esta información básica, lo que ha sido sistemáticamente denegado por el controlador de esta compañía. Hoy, el desprecio por la ley y la transparencia del mercado se ha consumado definitivamente (...)”.

Junto con ello, hicieron responsables a los directores de “flagrante infracción a la ley”, y que “la opinión de los juristas está en abierta contradicción con la historia fidedigna de las últimas modificaciones legislativas a la ley de gobiernos corporativos, que en su mensaje eran claramente alusivas a proteger a los minoritarios de los abusos del controlador”.

Por su parte, el fiscal de AFP Habitat, José Miguel Valdés, señaló que la negativa de dar la información contraviene la ley de sociedades anónimas, y que “sólo traerá costos y perjuicios para la sociedad, sus valores y accionistas, por lo que mal puede fundarse dicha decisión en la protección del interés social, el cual sin duda resultará lesionado”.

Además, Valdés pidió entregar informes de abogados que se pronuncien sobre la materia para que el directorio reconsidere su posición, pues “nos parece insuficiente, inadecuado e incorrecto el informe del señor Pfeffer”.

En tanto, el representante de Provida dijo que “los accionistas que solicitamos las juntas nos encontramos facultados legalmente para exigir la entrega de la información requerida, y el directorio está legalmente obligado a entregarla”.

Antes de cerrar ambas juntas, el vicepresidente de las sociedades, Luis Eugenio Ponce, señaló que “el directorio, sin perjuicio de que siempre ha pensado que la información solicitada no corresponde que sea revelada, actuando diligentemente pidió dos informes legales a dos juristas muy destacados para ver y refrendar nuestra opinión, la que fue refrendada”.

Acudir a la SVS


Al término de ambas juntas extraordinarias, el abogado y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, señaló que en los próximos días informarán a la SVS “sobre lo que ocurrió hoy, donde vimos a los controladores poner el pie encima a los minoritarios una vez más y negarse a entregar información de operaciones pasadas. Esa es una cosa que francamente no se entiende, y el hecho de que tengan opiniones legales que lo justifican (...), no exculpa a los directores de todas las incorrecciones en que incurrieron al no entregar la información. Todos los directores que aprobaron estos acuerdos para impedir que los accionistas se enteren de las operaciones, han incurrido en faltas legales, y son responsables de lo que eso significa”.

En la junta extraordinaria de Norte Grande, uno de los representantes de Moneda aludió a una serie de operaciones de compra y venta de acciones entre las sociedades cascadas, cuyos números, indican, no calzan entre los estados financieros, memorias e informaciones enviadas a las bolsas de valores. Consultado por estos antecedentes, Gutiérrez señaló que “hemos demostrado a la junta que las informaciones que éstas compañías han entregado en el pasado no son consistentes, no cuadran”.